Sota asegura que «no hay auditorías guardadas en un cajón»

La sede principal del Gobierno regional ha sido el escenario hoy de la toma de posesión de dos de los tres nuevos cargos aprobados por el Ejecutivo tras el cese del interventor general Gabriel Pérez. Un acto en el que ninguno de ellos ha tomado la palabra y ha sido el consejero de Economía, Juan José Sota, el único en hablar para destacar la «magnífica» formación y «probada trayectoria de eficacia» al servicio de la Administración regional de Pedro Pérez Eslava y Manuel Díaz Mendoza nuevos interventor general y director de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria (ACAT), respectivamente. Posteriormente, a preguntas de la prensa, Sota afirmó que el Gobierno de Cantabria no tiene auditorías «guardadas en un cajón», y que la referente al contrato de colaboración público privada (CCPP) del Hospital Valdecilla «no se ha hecho todavía» pese a que el Gobierno PRC-PSOE la encargó hace dos años, y ni siquiera se ha iniciado.

Las palabras del consejero surgen tras las críticas de la oposición al cese del hasta ahora interventor genreal Gabriel Pérez, tras lo que ven un castigo a sus informes críticos. Sota ha negado ya que existieran desencuentros con él y hoy ha vuelto a desmentir las informaciones que vinculan el cese Pérez Penido, nombrado en la pasada legislatura por el PP, con la auditoría de Valdecilla.

El consejero ha insistido hoy en que la auditoria sobre el contrato de Valdecilla «estaba pendiente y vamos a proceder a hacerla» y ha precisado que está «mandada desde hace dos años por el Consejo de Gobierno».

Sobre los motivos de la demora, desde la Consejería han explicado que se sacó a concurso junto con auditorías de fundaciones pero quedó desierto porque era un contrato «muy amplio» y desde la Intervención General se decidió volver a sacar a contratación externa sólo la auditoría de Valdecilla pero no ha elevado aún a la Consejería los nuevos pliegos.

«No hay ningún tipo de auditoría que estuviera escondida y se presentara en este momento», ha recalcado Sota, quien ha insistido en que eso es una información falsa que «desvirtúa el motivo del cese» del anterior interventor. Además, ha recalcado que «no hay posible sospecha ni nada que ocultar», ni se pueden hacer auditorías «de forma caprichosa» porque hay un plan anual de auditorías que se publica en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y se sigue «al pie de la letra».

Ha añadido que para algunas auditorías se contrata el apoyo externo de empresas, porque la Intervención General «no tiene suficiente personal para hacerlo», como es el caso de la auditoría de Valdecilla. Por último, ha recalcado que las auditorías se remiten al Parlamento, donde están a disposición de todos los diputados, y ha asegurado que el Gobierno va a «mantener su línea de transparencia total y colaboración con el Parlamento».

Después de la lectura de los decretos de nombramientos, el consejero ha asegurado que tanto Pérez Eslava como Díaz Mendoza pertenecen a una «nueva generación» de funcionarios en una nueva etapa en la que tendrán que afrontar «importantes decisiones y nuevos desafíos» en relación a la financiación autonómica.

Según ha dicho, los nuevos altos cargos son personas «conocedoras» de los intereses de Cantabria en este campo y ha recordado que la región es una comunidad «austera» que dedica el 80% de sus recursos a servicios básicos como la sanidad, la educación y la protección social, motivo por el cual el Gobierno cántabro defiende una evaluación acorde al coste real de los servicios.

El consejero ha remarcado que si Cantabria tiene en la actualidad una mayor financiación por habitante es por la transferencia de finales de 2001 del sistema sanitario, que en la región es más costoso que la media de España. «Esto no es un privilegio, sino una realidad, y vamos a pelear para que no se aplique una rebaja de los servicios básicos en la financiación autonómica», ha señalado.