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En el pueblo de Pechina, en Almería, hay una plaza con un nombre y una placa que dice 'Juan Mañas Morales. Pechina 1956 -carretera de Gergal 1981. Víctima del caso Almería y uno de los símbolos de la transición española'. Es el único reconocimiento ... institucional de un suceso que sacudió España en plena transición y sólo tres meses después del golpe de Estado de Tejero. En Cantabria no habrá placa -aunque dos de los tres jóvenes que murieron a manos de la Guardia Civil eran de Santander-, pero, 37 años después, el Parlamento sí acogerá un acto en su memoria, promovido por el grupo Desmemoriados, y la lectura de una declaración institucional.
«Este homenaje después de 37 años significa mucho porque llevamos años luchando por defender la dignidad y la inocencia de mi hermano y de Luis Cobo y Luis Montero. Con un Estado ausente, que el Parlamento acoja un acto así es muy importante. Va a ser emocionante, seguro, pero nosotros estamos acostumbrados a recordar. Llevamos 37 años con ello día a día. No lo olvidamos». Francisco Mañas tenía ocho años cuando su hermano Juan, que trabajaba en Cantabria, y sus dos amigos de Santander viajaron a Almería para acudir a su comunión. Casi 40 años después es una de las voces visibles de las familias de estos tres jóvenes -Luis Cobo (28 años), Juan Mañas (24) y Luis Montero (33)- que en mayo de 1981 murieron a manos de la Guardia Civil. «Yo tuve una madurez precipitada, tuve que ver las cosas de otra manera. No entendía que mi hermano sólo por venir a mi comunión acabara muerto, que alguien pudiera matar a otra persona sabiendo que era inocente. Con los años se transformó en impotencia porque no se hizo justicia. Y hoy sigo con esa impotencia».
El Estado hablo de «trágico error», no reconoció la tortura, y dijo haberles confundido con los etarras autores del atentado que acabó con la vida de cuatro militares en Madrid, entre los que se encontraba el teniente general Joaquín Valenzuela. Sus cuerpos aparecieron en el fondo de un barranco, calcinados dentro de un coche. Se quiso simular un accidente en la supuesta huida y tiroteo con la Guardia Civil, pero sus cuerpos habían sido torturados, desmembrados y acribillados a balazos.
La denuncia insistente de las familias, del abogado Darío Fernández y de unos pocos medios de comunicación acabaron destapando la realidad, y se procesó a tres de los once agentes implicados. La condena, «irrisoria» para las familias, fue por homicidio y no por asesinato, con el atenuante de «obediencia del deber». El entonces teniente coronel Carlos Castillo afrontó 24 años de cárcel y sólo pasó recluido 11; el teniente Manuel Gómez fue condenado a 15 años -estuvo 7 en la cárcel-, y el guardia Manuel Fernández Llamas a 12 -sólo 5 en prisión-.
«Siempre lo hemos considerado terrorismo de Estado. No puede ser un error que asesinen a alguien sabiendo que es inocente. Y aunque hubieran sido etarras, la justicia española tiene unos mecanismos, tiene que haber un juicio», reflexiona Francisco Mañas, quien no entiende que a los condenados «se les pagó por guardar silencio y yo no sé si eso hay que premiarlo». Años después se conoció que estos tres agentes habían recibido dinero de los fondos reservados.
En sus palabras no hay rencor, pero sí determinación: «Nadie nos ha venido a pedir perdón», y firmeza: «Ni olvido ni perdón a quienes cometieron el asesinato. No se puede perdonar algo imperdonable». También se siente tristeza y decepción al otro lado del teléfono: «Queríamos una reparación, el reconocimiento del Estado y que fueran declaradas víctimas del terrorismo, pero nos lo denegaron». Solo la Ley de Memoria de Andalucía les ha reconocido como víctimas.
Lola Liquete Cobo, sobrina de Luis Cobo, tomó la palabra hace dos años porque sentía que no debía perderse la memoria. «Aunque tarde, nunca llega a ser demasiado tarde para devolver la dignidad a alguien», reflexiona ante el acto del próximo día 10. Pero para ella, más importante que este evento, lo trascendente, es que todos los partidos respaldaran hace una año la declaración institucional en el Ayuntamiento de Santander y ahora lo hayan vuelto a hacer en el Parlamento. «Es el hecho de que se sepa, de que no se ha olvidado».
Fue precisamente una «emotiva» entrevista con Lola Liquete el detonante que llevó al grupo Desmemoriados a iniciar un trabajo que ha durado dos años para lograr un reconocimiento público para estos tres jóvenes.
Uno de sus integrantes, Mariano Calvo, recurre a la primera frase del libro de Manuel Rivas 'Contra todo esto' para explicar su motivación: «La vergüenza te ayuda a ver», dice el escritor gallego, «y eso nos ha ocurrido a nosotros», apostilla Calvo, quien lamenta que no se haya conseguido colocar una placa conmemorativa, aunque no cejen en ello. «Había muchas cosas que quedaron en la oscuridad de la historia oficial, y queríamos luchar contra esa amnesia inducida y el miedo a sacar a la luz hechos que comprometían a la Guardia Civil. La falacia del 'error' es algo que Desmemoriados pretende desterrar», explica Calvo, quien precisa que con el acto promovido en el Parlamento regional y la declaración se quiere dar visibilidad porque «toda la sociedad cántabra está concernida».
En el acto del día 10 estarán presentes algunos de los familiares que quedan de Luis Cobo y Luis Montero, y vendrá Francisco Mañas con su esposa y su hija y dos hermanos. Su madre, que siempre ha peleado por la memoria de Juan Mañas, no vendrá porque está delicada. La relación entre las familias cántabras y almeriense se ha mantenido estos años y lo que ocurrió se ha transmitido y explicado a sus descendientes para que el olvido no anide. «A quienes gobiernan les pedimos que luchen y reivindiquen para que no ocurran cosas como esta», sentencia este hombre que era un niño en 1981 y tuvo que madurar deprisa.
La declaración institucional ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces. En ella se hace una detallada narración de lo ocurrido en mayo de 1981.
Un relato que sirve para acordar que el Parlamento inste al Gobierno de España a «iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas de actos de terrorismo o violencia política».
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