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El guardia civil acusado de un delito de actividades prohibidas a funcionarios por su supuesta implicación en unas irregularidades para beneficiar a la empresa de su mujer, ha afirmado hoy que no ha hecho «nada ilegal» y que «lo único» que han hecho ambos ha sido «trabajar». «El único delito que ha cometido mi mujer es ser esposa de un guardia civil», ha apuntado el encausado este jueves durante la cuarta sesión del juicio con jurado popular que se está celebrando desde el lunes en la Audiencia de Cantabria y que hoy ha quedado visto para sentencia.
El juicio
La Fiscalía acusa a este hombre de un delito continuado de actividades prohibidas a funcionarios públicos, por el que solicita una pena de dos años de prisión, 3.240 euros de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años.
Según el escrito provisional del Ministerio Fiscal, el guardia civil se valió de su puesto en el Centro Operativo de Tráfico para beneficiar a los camiones de la empresa de transporte de su mujer. «Lo que pretendemos es que esto no nos pase factura», ha manifestado al hacer uso de su derecho a la última palabra el acusado, que pidió una excedencia en la Guardia Civil y ahora trabaja en la empresa de su esposa.
En este procedimiento, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la Asociación Unificada de la Guardia Civil, le acusan de haber ordenado a patrullas, como responsable del Centro Operativo de Tráfico, que se desplazasen desde su demarcación a la adyacente para dejar sin control una zona por la que iba a circular uno de sus camiones, que carecía de la autorización especial que necesitaba para hacerlo.
Se le atribuye también haber mandado a un destacamento que escoltase un vehículo que tampoco tenía ese permiso excepcional y haber acelerado los trámites para lograr un permiso de transporte especial sin la autorización administrativa preceptiva y sin pagar las tasas.
«Yo no sabía ni si los camiones iban, ni si los camiones venían», ha subrayado el acusado, que ha negado que fuese él quien dirigía la empresa de transportes y con quien trataban los transportistas y clientes, como afirmaron el martes los guardias civiles a los que se les encargó investigar este asunto, que salió a la luz a raíz de un anónimo enviado a la Guardia Civil.
El guardia civil ha señalado que algunos de sus antiguos compañeros del Centro Operativo de Tráfico también tenían familiares vinculados a empresas de transporte, y ha insistido en que él no tenía «ningún motivo para desviar ninguna patrulla ni para hacer nada». «Me da la sensación de que se quedan muchas cosas en el tintero», ha asegurado sobre el juicio que se ha ido desarrollando esta semana.
El Ministerio Público y la acusación particular han mantenido sus peticiones de pena iniciales, al igual que la defensa del acusado, que ha solicitado su absolución. Para la Fiscalía, el guardia civil era «juez y parte» y creaba desde su puesto una situación de «competencia absolutamente desleal» en el sector de transporte de mercancías.
Ha destacado además que su mujer «no ha abierto la boca», ya que durante la sesión del martes se acogió a su derecho a no declarar y, según los investigadores, tampoco quiso hablar con ellos ni entregarles la autorización para transportes excepcionales que se ha puesto en duda que tuviese cuando se la requirieron. «El cómodo silencio tiene un valor», ha reiterado el fiscal, que ha pedido al jurado que lo valoren. «Ni tiene titulación, ni sabe absolutamente nada. Evidentemente, tiene que estar callada», ha añadido.
El Ministerio Público ha puesto en duda la «calidad» de los testigos llamados por la defensa, que, en su opinión, ha llevado «a toda la plana de Tráfico». Asimismo, ha calificado su estrategia, «la de la conspiración», como «absurda e inverosímil», refiriéndose al testimonio dado ayer por el exjefe de la Agrupación de Tráfico en Cantabria Lorenzo Bárez.
El teniente coronel Bárez, a quién llegó a investigarse por este asunto y que durante la instrucción del procedimiento quedó fuera de la causa, dijo que este juicio es consecuencia de los «intereses espurios» de alguno de sus superiores que «tuviese algo» contra él. Afirmó también que los agentes que declararon en su contra lo hicieron bajo «presiones» de aquellos que llevaron la investigación. «¿Qué obtienen de esta historia?, ¿qué ganarían mintiendo?», se ha preguntado el fiscal.
La defensa, por su parte, ha mantenido el que a esos guardias civiles se les «ha dirigido la declaración» y que el Ministerio Público «se ha dedicado a mandar cortinas de humo» durante sus conclusiones.
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