Valdecilla gana otra reclamación a Ferrovial que abre una brecha en la rentabilidad del contrato

Entre otras cosas porque implica que funciones que ahora realiza personal estatutario, es decir, de la plantilla propia del hospital (celadores, concretamente), pasarían a depender de la concesionaria. Esta fue la primera gran discrepancia surgida entre Valdecilla y la empresa hace casi un año: ¿Quién tiene que encargarse del transporte no sanitario que se realiza dentro del hospital (documentación clínica, envases, embalajes, muestras biológicas, productos de reposición, reparto de farmacia...)?

Desde la Gerencia se asumió como propia esa labor cuando entró en vigor el contrato, pero el cambio de Gobierno (del PP al PRC/PSOE) supuso también un cambio de interpretación del texto. La nueva Administración, radicalmente en contra de la fórmula de colaboración pública-privada, no halló resquicio legal para tumbar el convenio, así que centró su estrategia en garantizar el cumplimiento a rajatabla de cada línea del pliego. Para ello se constituyó una comisión, dirigida directamente desde el SCS, encargada de discutir dónde empieza y hasta dónde llega la responsabilidad de la concesionaria.

Fruto de esa delimitación surgieron una cascada de desencuentros, siempre motivados por las diferencias de criterio sobre los términos del contrato, que se acabarán decidiendo en los tribunales. El del trasporte no sanitario es uno de los escollos más controvertidos, aunque el dictamen del Consejo de Estado (de obligado cumplimiento) es contundente: «El servicio de gestión de almacenes, archivo, logística de distribución y transporte de mercancías incluye como prestación el transporte interno (entre dependencias, departamentos, salas, unidades asistenciales, áreas de hospitalización y laboratorios de Valdecilla) y externo (con otros centros o dependencias fuera del hospital); y corresponde a la sociedad Smart Hospital Cantabria su ejecución».

El gerente del SCS celebra la resolución, «porque dice lo que sosteníamos, sin ningún pero. Todo el traslado que no sean pacientes lo tiene que asumir la adjudicataria». ¿Cuántos trabajadores se verán afectados? Esa es la duda que queda en el aire. Un informe del jefe del Personal Subalterno de Valdecilla aportado en el proceso (de julio de 2017) hablaba de «diez celadores a jornada completa y seis a tiempo parcial». Sin embargo, Pérez se muestra cauto: «Aún no sabemos, hay que valorarlo y analizar cómo hacemos esa transición de forma que se cumpla lo que establece el dictamen y, a la vez, no suponga problemas laborales para el personal». Sin duda, el primer paso será especificar cuántos celadores, de una plantilla de más de 300, quedan liberados para otros menesteres al pasar su cometido a manos de Smart Hospital.

Cuando la Gerencia dictó el acuerdo de incoación del expediente administrativo, la adjudicataria mostró su disconformidad alegando que no se trataba de «una interpretación contractual del acuerdo, sino una auténtica modificación sustancial que afecta gravemente al equilibrio económico del contrato». Y añadía en su argumentación que, «si solo se tomara en cuenta la mitad de los celadores de plantilla (150), el incremento sería de 4 millones de euros al año, cuando el importe que se percibe por el servicio de almacenes no llega a los 800.000 euros». Mientras la empresa aguarda impaciente a conocer el impacto del dictamen, el gerente deja claro que «alguien interpretó erróneamente a favor de la empresa unas cláusulas que suponen un coste que nosotros, como gestores, no podemos obviar. Se podrá interpretar lo que se quiera, pero la privatización se hizo en 2014, nosotros nos limitamos a hacer que se cumpla el contrato», advierte, consciente del revuelo que se avecina entre el colectivo afectado.