El PP acusa a Real de «no dar la cara» por el caso SCS y la consejera habla de «cacería política»

Ante las palabras del PP, la misma respuesta por parte de María Luisa Real y del PSOE: alusiones a la «cacería política» y al daño al SCS. No en vano, la consejera ha pedido «respeto» para los profesionales y directivos del Servicio Cántabro de Salud, cuya gestión ha defendido como «excelente», y ha criticado que se quieran «levantar sospechas» sobre todas sus actuaciones. En su opinión, todo ello va a repercutir en este servicio, «y por lo tanto en los ciudadanos», y ha asegurado al PP que «por repetir más veces las cosas, no cambian».

Para el PSOE se trata de una «patética cacería política del PP», que los populares ventilan en los medios de comunicación y no en los juzgados. «Lo que tendría que hacer el Partido Popular es acudir a la Fiscalía si tiene documentación que certifique que se han llevado a cabo irregularidades en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud», ha dicho esta tarde la secretaria de Economía y Comunicación del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones.

Sobre esta posible denuncia ante los juzgados, el popular Íñigo Fernández dijo esta mañana que su partido aún no ha decidido si apoyará la creación de una comisión de investigación, que será solicitada por Ciudadanos, si Real no se explica antes del 11 de mayo (el próximo viernes) en sede parlamentaria. La formación naranja quiere datos sobre las presuntas anomalías en las adjudicaciones del SCS que fueron denunciadas por la jefa del servicio de contratación –que luego desapareció de la escena– y por el PP, que lleva meses recopilando datos a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Fernández estima que el número uno del bipartito (Miguel Ángel Revilla) todavía está «a tiempo» de promover una investigación interna en la Administración regional y advirtió de que si no lo hace «se convertirá en un encubridor». «Revilla tiene que decidir qué papel quiere jugar, el de quien persigue la corrupción o el de encubridor de irregularidades».

Si bloquea la investigación, los populares no se quedarán de «brazos cruzados». Según aseguró, el PP «estudiará» si lleva el caso a la Fiscalía, un paso que ya ha dado Izquierda Unida y que Revilla ha reclamado a los populares insistentemente en los últimos días por considerarles los principales denunciantes. El portavoz del PP censuró al presidente que sea «tan exigente» con los demás y «tan permisivo consigo mismo». En esa línea, le recordó que siempre invita a acudir a su despacho a denunciar corrupciones y que ahora es el PP el que está llamando a su puerta. «Abra, investigue lo que ha pasado y depure las responsabilidades», instó.

Fernández admitió que es el tiempo de las investigaciones, si bien al tiempo consideró «intolerables» las últimas declaraciones de la consejera, que el jueves declaró que los responsables de las contrataciones deshonestas tendrán que responder por ellas si es que las hay.

Pero es ella, recordó el diputado, quien ha nombrado a los cargos en cuestión y a los directivos del servicio , esto es, el director gerente del SCS (Julián Pérez Gil) y el subdirector de Gestión Económica (Francisco Javier González) son «actores de reparto» en un «escándalo» basado en contratos 'a dedo', informaciones 'a la carta', asesores externos «que van y vienen» y certificados de obras y suministros «irreales» o entregas que no se han producido.

Ante todas estas acusaciones, la consejera, en su opinión, «está dispuesta a saltar del barco antes de que se hunda». Sin contar con que tuvo las denuncias de la jefa de contratación del SCS, Inmaculada González, desde primeros de febrero y en lugar de investigarlas, se dedicó a «bloquear».

La respuesta del PSOE a las palabras de Fernández ha tenido mucho que ver no solo con el fondo sino con la forma: No van a tolerar «ningún insulto ni descalificación» contra María Luisa Real que trascienda de su ámbito de gestión como consejera. «Y llegado el caso, tomaremos las medidas oportunas para frenarlo», avisaba esta tarde Ainoa Quiñones.

«Es vergonzoso e intolerable que alguien como Íñigo Fernández se atreva a tratar de ensuciar la honorabilidad de Luisa Real lanzando mensajes que rebasan todas las líneas, rozando el insulto y la humillación», asegura Quiñones, para quien Fernández «actúa como títere» de la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, que pone «en él los insultos que ella no se atreve a lanzar directamente». «Recurren lamentable a estos sucios métodos para tratar de mantenerse en la vida política», se quejaba la secretaria de Economía y Comunicación socialista. «Si algo ha sido la consejera es adalid y defensora de una sanidad pública» que el Gobierno del Partido Popular «dejó desmantelada y privatizada», ha advertido el PSOE.

María Luisa Real ha recordado hoy que el SCS está sometido a un control financiero permanente y, de hecho, ha explicado que hay una auditoría, que publicó el Boletín Oficial de Cantabria, de la gestión de 2016 que firmó el anterior interventor general, Gabriel Pérez, y el exsubdirector de Control Financiero, Rafael Gutiérrez. Y respecto a este último ha recordado que es dirigente del PP, con lo que ha considerado que los populares conocerán «bien» esa auditoría.

La consejera de Sanidad ha insistido en que el SCS está en permanente control por ese tipo de auditorías, pero ha mencionado también el procedimiento informativo abierto por su departamento, del que se está ocupando un inspector.

María Luisa Real ha asegurado que si el informe indica que se ha producido un error, «se resolverá y se establecerán los procedimientos necesarios para que no se vuelva a repetir». Y si hubiera alguna ilegalidad, Real ha añadido que si hay «un responsable, la tendrá que asumir».