Ayudas para las familias desahuciadas y sanciones por los pisos vacíos

El PRC ha registrado en el Ayuntamiento de Colindres dos mociones en las que asume reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una de ellas, para eximir del pago de la plusvalía a familias desahuciadas, y otra para sancionar a bancos o grandes empresas que mantengan pisos vacíos.

En un comunicado, el PRC recuerda que, según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, en 2012 las entidades financieras se quedaron en España con más de 30.000 viviendas de primera residencia por impago de hipotecas, lo que supone 115 desahucios por día hábil.

Y critica que "gran parte" de estas entidades financieras han sido, de una manera o de otra, "rescatadas" con dinero público que "no se ha destinado a cubrir las necesidades de la ciudadanía".

Para el PRC, esta situación requiere de actuaciones por parte de la administración que faciliten el acceso a la vivienda de todos aquellos ciudadanos que se ven "excluidos".

Por ello, los regionalistas de Colindres instan a poner en marcha medidas municipales que garanticen el derecho a la vivienda y abogan por aprobar un Plan Municipal de Vivienda.

Entre otras cosas, proponen que ese plan regule medidas para evitar que haya viviendas desocupadas de manera "permanente e injustificada", e impulse programas de inspección con el fin de detectar inmuebles vacíos.

La iniciativa presentada por el PRC apuesta por imponer hasta tres multas coercitivas, que pueden llegar a los 100.000 euros, a aquellas entidades financieras o grandes empresas que, una vez advertidas, no faciliten la ocupación del inmueble en un plazo.

Además, propone iniciar un procedimiento sancionador por infracción muy grave en caso de que se mantenga la desocupación de la vivienda una vez agotado el plazo otorgado para corregir la situación y, por último, instar al Gobierno de Cantabria a emprender acciones en este ámbito con la misma finalidad.

Por otro lado, la segunda moción del PRC insta a buscar los mecanismos legales para eximir del pago de la plusvalía a las familias desahuciadas o que lleguen a acuerdos de dación en pago.

Para los regionalistas, las familias que sufren estos procesos deberían ser objeto de una "especial atención" en el ámbito de las políticas públicas y no estar obligadas a soportar este tributo.