El PRC cuestiona la actuación del Gobierno en las piscinas municipales

El PRC de Colindres ha cuestionado este martes la actuación del Gobierno de Cantabria (PP) en relación a las piscinas que se construyeron en este municipio, en Ribamontán al Mar y en Val de San Vicente, porque ha asegurado que el Ejecutivo ha incumplido "su propio convenio".

En un comunicado, los regionalistas han recordado que en 2007 se creó el consorcio de infraestructuras de Cantabria para, entre otros asuntos, dotar de instalaciones a varios municipios y en 2008 se firmó un convenio con el Gobierno para financiar esas actuaciones.

El PRC añade que ese acuerdo se modificó para construir las piscinas de los municipios, con la garantía -según señala- de que el Gobierno aportaría los fondos para su gestión.

"En resumen, este nuevo convenio plasmaba el compromiso del Gobierno de Cantabria para asumir el total de las inversiones en los municipios consorciados además de asumir el déficit de gestión, si lo hubiere, durante un periodo de diez años", ha afirmado el PRC.

Y señala que en 2013 el Gobierno acuerda revocar ese convenio, pero señala "verbalmente" que se asumirá la inversión si se elimina el déficit de gestión durante los diez primeros años.

El PRC recuerda que a finales de 2013, el consorcio firma un nuevo convenio para asumir el coste de las tres piscinas finalizadas de Colindres , Val de San Vicente y Ribamontán al Mar.

"En este nuevo convenio el Gobierno de Cantabria , además de no asumir el déficit de gestión, tampoco asume la parte de la gestión comprometida y ejecutada por el consorcio, al no hacerse cargo de 800.000 euros, siendo esto una carga inasumible para los ayuntamientos", añaden los regionalistas.

El PRC insiste en que ahora el Gobierno de Cantabria no ha abonado lo correspondiente al año 2013, ni tampoco lo comprometido en el nuevo convenio.

Los regionalistas lamentan que el PP "se escude en unos supuestos informes elaborados por técnicos del propio Gobierno, requeridos por el consorcio en repetidas ocasiones sin respuesta, en contraposición a los elaborados por los servicios técnicos y jurídicos del propio consorcio que desmontan los argumentos del Ejecutivo".

Por ello, ha opinado que lo que tiene "bloqueada" la apertura de las piscinas es "una decisión política".