Acayro acuerda la apertura de juicio oral en el 'caso La Loma' de Castro

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro, Luis Acayro Sánchez, ha acordado la apertura de juicio oral en el caso La Loma, el asunto más importante sobre corrupción que tiene entre manos, y en el que hay un total de 46 acusados entre políticos, constructores y funcionarios por la concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria.

El magistrado castreño, que contará durante tres meses con un juez de refuerzo para poder cerrar otros tres casos de corrupción y ocupar después la plaza que ha obtenido en el Juzgado de lo Contencioso de Santander, ha citado a todos los encausados en los Juzgados de Castro, el próximo viernes, 29 de mayo, para notificarles personalmente el auto de apertura de juicio oral, hacerles entrega de los escritos de acusación y realizar los requerimientos de fianza derivados de dicho auto. Además, Acayro emplaza a los 46 imputados a que en el plazo de tres días designen abogado y procurador o en su caso hagan constar que desean continuar el procedimiento con los que ya tenían, o bien soliciten que sean asignados por el turno de oficio.

El instructor castreño ha citado entre las nueve y las once de la mañana a los trece promotores imputados en la causa, comenzando por Juan Ramón López Revuelta, el líder del PSOE de Laredo, que tuvo que dimitir como candidato a la Alcaldía pejina después de que la Audiencia Provincial desestimara su recurso y en cumplimiento del código ético de su partido. Entre las once y las doce deberán de comparecer en los Juzgados de Castro los diez funcionarios y técnicos municipales acusados en este procedimiento y entre las doce y las dos de la tarde, será el turno de los 23 políticos implicados, de los cuales solo dos estaban en activo, como es el caso del portavoz socialista, Daniel Rivas que como López Revuelta tuvo que dimitir como candidato del PSOE a la Alcaldía de Castro y el exalcalde de Castro y líder de Acuerdo por Castro, Rufino Díaz Helguera, que ha perdido en las elecciones del domingo el concejal que tenía y no formará parte de la próxima Corporación castreña.

Una vez que el instructor notifique a las partes el auto de apertura de juicio oral, los acusados deberán presentar sus escritos de defensa y, a continuación, el magistrado remitirá toda la documentación a la Audiencia Provincial para que se encargue de enjuiciar a los acusados. Se da la circunstancia de que la propia Audiencia de Cantabria ha sido la que ha rechazado recientemente los recursos presentados por la mayoría de los imputados en este procedimiento.

La sala, que ha apoyado las tesis de Acayro, mantiene la práctica totalidad de las imputaciones por múltiples indicios de delito contra la administración pública: prevaricación administrativa y urbanística, delito contra la ordenación del territorio, falsedad de documento público, cohecho, malversación de fondos, estafa e infidelidad en la custodia de documentos públicos.

A lo largo de su auto, la Audiencia insistía en que los miembros de la Junta de Gobierno de Castro concedieron licencias de obra para la construcción de viviendas «pese a que no había infraestructuras para el abastecimiento de agua, ni era previsible que las hubiese a la finalización de la construcción». Asimismo, reprochaba la actitud de los técnicos municipales por informar favorablemente «pese a que las viviendas no iban a contar con todos los servicios una vez finalizadas».

En el caso de la urbanización El Cantábrico, ejecutada por Bifamiliares y Adosados Castreños, la Audiencia asegura que se concede licencia de primera ocupación «con un sistema provisional precario de abastecimiento de aguas, fuera del control sanitario y de la red municipal. Agua insalubre que proviene de una captación subterránea. En estas circunstancias el promotor, ocultando esta situación, consigue vender unas viviendas que no son aptas para su uso».

196 años de cárcel

El Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación 196 años de cárcel para los 46 encausados, a quienes imputa delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y estafa. De todos ellos, las penas más elevadas las solicita para el exarquitecto municipal, Pedro Restegui, para quien reclama 12 años de cárcel, igual número que para el exalcalde y concejal en funciones de Acuerdo por Castro, Rufino Díaz Helguera. Para el exalcalde Fernando Muguruza, la Fiscalía solicita 11 años mientras que para el exconcejal Salvador Hierro pide ocho. Además de penas de prisión, el fiscal pide para un gran número de los procesados multas que asciende a varios millones de euros e inhabilitaciones para empleo o cargo público.