El Fiscal y Loroño mantienen la acusación contra Acayro pero rebajan la pena solicitada

El magistrado Luis Acayro se ha con convertido en el primer juez en Cantabria que se sienta en el banquuillo de los acusados. A primera hora de este viernes ha dado comienzo la vista oral del proceso que se sigue contra el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales, al que la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el constructor Jon Loroño, acusan de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por desvelar sus antecedentes penales ya cancelados en el trámite de unas diligencias informativas que se seguían ante el Consejo General del Poder Judicial.

Durante la vista, tanto la Fiscalía como la acusación particular han mantenido la acusación contra el magistrado. Sin embargo, tanto la Fiscalía, que pedía inicialmente dos años y ocho meses de cárcel, como la acusación particular, que reclamaba tres, la han rebajado a dos años, seis meses y un día.

Por su parte, la defensa mantiene la petición de libre absolución, al entender que en la actuación del juez no hubo "dolo" ni éste ha sido demostrado por la acusación y considerar que lo ocurrido se debe a un "lamentable error" en el juzgado que dirige el magistrado pero sobre el que, además, no ha quedado acreditado que fuera el acusado el que lo cometiera, pudiendo ser de "otros" trabajadores. Respecto a esta hipótesis, el juez ha señalado que estaba en el juicio para responder sobre los hechos de los que se les acusa pero no "para responsabilizar a nadie".

El magistrado ha llegado al Tribunal Superior de Justiciad e Cantabria (TSJC) acompañado de sus abogados y se ha sentado junto a ellos durante la vista oral, si bien para prestar declaración ha tenido que pasar al 'banquillo'. Durante su declaración ha contestado a las preguntas de la Fiscalía pero se ha acogido a su derecho a no contestar cuando se ha producido el interrogatorio por parte de la acusación popular.

El juez ha defendido que actuó de forma lícita y asegura que no pidió a la secretaria judicial que entrara en el registro de penales para obtener los antecedentes penales de Loroño cuando no se daban las circunstancias para hacerlo. Ha precisado que lo que hizo fue dar indicaciones a una funcionaria para que hiciera una fotocopia de dicho certificado que figuraba en otra procesamiento, en el que Loroño había estado imputado y luego desimputado.

A preguntas de la fiscal, Acayro señaló que aportando ese documento pretendía defenderse de la queja de Loroño pero no desacreditarle ante el CGPJ.

Los testigos rebaten a Acayro

Por su parte, tanto la secretaria judicial como la funcionaria a la que el juez cree le pidió que hiciera copia de esos documentos que iba a aportar han contradicho la versión del magistrado. La secretaria judicial asegura que el juez le pidió, a través de un post-it, que entrara en el registro de penales y sacara copia de los antecedentes de Loroño y lo hizo porque pensó que había resolución judicial para amparar esa petición y que ello se debía a que había causa abierta contra él.

Respecto a eso, el magistrado sostiene que "siempre" que pedía certificado de penales lo hacía o a través de providencia o auto y no a través de post-it.

Por su parte, la otra funcionaria a la que el juez dice que le hizo el encargo de fotocopiar los antecedentes ha negado de que el certificado de penales formará parte del tomo del expediente que mandó fotocopiar. "En ningún caso", ha señalado.Loroño presentó una querella contra el juez por la utilización que éste hizo de sus antecedentes penales al ejercer su derecho de defensa en un expediente disciplinario que el Consejo General del Poder Judicial siguió a raíz de una queja del constructor.

Los argumentos de las partes

Tras escuchar en el juicio la declaración del juez y de los testigos, tanto la acusación particular como la Fiscalía han mantenido su acusación. Y es que la fiscal considera que la versión del juez "no ha sido corroborada en absoluto", sino "desvirtuada", por las declaraciones de la secretaria judidical y de la funcionaria a la que encargó fotocopias del expediente judicial sobre la causa en la que había sido imputado Loroño.

Considera "totalmente acreditado" que el juez pidió a la secretaria judicial que accediera en noviembre de 2013 al Registro de Penales y le entregara una copia de los de Loroño para adjuntarlo al escrito de alegaciones que iba a presentar en respuesta a la queja de Loroño ante el CGPJ.

No considera que el ejercicio de la legítima defensa del juez ante la queja presentada justifique la revelación de esos datos de Loroño al CGPJ en su escrito de alegaciones, el cual ha calificado, además, de "tendencioso".

Respecto a la intención, Acayro señala que aportando ese documento de penales pretendía defenderse de la queja de Loroño pero no desacreditarle ante el CGPJ. "Yo ejecuté mi derecho a la defensa", ha insistido.

La acusación particular ha respaldado la postura de la fiscal y tampoco ha aceptado la versión ni los argumentos ofrecidos por el juez para explicar por qué decidió incluir el certificado de penales de Loroño. "Esta prueba es ilícita", ha apuntado el letrado del promotor.

La defensa

Por su parte, la defensa cree que ni la fiscal ni la acusación particular han valorado la prueba de una "forma racional", dando por probado un relato de hechos que, en su opinión, no lo está y que, según ha mantenido, pudieron ocurrir de modo diferente. Así, ha insistido en que el certificado que el juez quería aportar al escrito de alegaciones era una fotocopia del de 2009 y no que se realizara una nueva entrada al Registro para sacarlo de nuevo.

El abogado del Sánchez Lázaro ha planteado la posibilidad de que no se siguieran por parte del personal del juzgado las indicaciones del juez y, en lugar de buscar el certificado de penales de 2009 y hacer una fotocopia, se optara por entrar de nuevo en el Certificado de Penales para volverlo a obtener.

También ha aludido en varias ocasiones a la condición de desimputada de la secretaria judicial en esta causa y a "ciertas discusiones" que había entre ella y el acusado por la organización del juzgado.

El juicio ha quedado visto para sentencia y ha terminado con el juez haciendo uso del derecho a la última palabra, que ha empleado para asegurar que había sido un "honor" haber podido declarar en el juicio y ejercer su derecho de defensa.