El juez Acayro es condenado a un año y tres meses de cárcel, y tres años de inhabilitación

El magistrado Luis Acayro Sánchez se enfrentaba al juicio más decisivo de su carrera profesional, el suyo propio. Y lo ha perdido. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le ha condenado a un año y tres meses de prisión y tres de inhabilitación absoluta para el ejercicio profesional al encontrarle autor de un delito de relevación de secretos, por acceder al Registro Central de Penados y Rebeldes, a través de la secretaria judicial, para obtener la hoja penal del constructor castreño Jon Loroño, unos antecedentes que habían caducado. Además, le impone 4.050 euros de multa y le obliga a indemnizar al empresario con 3.500 euros.

La condena no es unánime y tiene un voto discrepante de la magistrada María Jesús Fernández, partidaria de su absolución.

La Sala de lo Civil y Penal, que preside el magistrado José Luis López del Moral, ha hecho pública este lunes la sentencia, en la que le impone justo la mitad de la pena que habían solicitado para el juez el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que ejerce el empresario. No obstante a pesar de la sentencia condenatoria, el que fuera durante años titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, no tendrá que ingresar en prisión, ya que se le aplicaría la libertad condicional por ser la condena inferior a dos años y un día.

En cualquier caso, la sentencia del TSJC no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quien nuevamente tendrá la última palabra. Precisamente el Alto Tribunal fue quien el pasado mes de octubre decidió reabrir la causa contra Acayro que había sobreseido la Sala, en un auto de la magistrada Ester Castanedo. Esta decisión sentó al magistrado ante la justicia el pasado día 4, lo que convirtió a Acayro Sánchez en el primer juez juzgado en Cantabria, y ahora en el primero condenado.

Durante la vista, el Ministerio Fiscal y la acusación privada mantuvieron la acusación por un delito de revelación de secretos por relevar los antecedentes penales cancelados del constructor sin amparo legal, con el único objetivo de desacreditarlo al constructor. Sin embargo, redujeron a la mínima su petición de condena dos años y medio de prisión, una reducción que, en caso de condena, podría evitar el ingreso en la cárcel del juez.

El TSJC entiende que el juez incorporó el certificado de penales del constructor al creer "erróneamente" que su aportación "era necesaria para el ejercicio de su derecho de defensa". En su opinión, el juez decidió incorporar esos antecedentes a su escrito para "acreditar la supuesta animadversión que hacia él sentía" Loroño, y porque creía que así se "desvirtuaba" el contenido de la denuncia.

En el momento en que Acayro Sánchez pidió esos antecedentes estaban cancelados y además el constructor ya no tenía ninguna causa abierta en el Juzgado de Castro Urdiales, por lo que no estaba justificado que se recabaran en una nueva entrada en el registro. La sentencia entiende que el juez incurrió en un error y pensó que su conducta quedaba amparada por el derecho a la legítima defensa.

Los magistrados del TSJC señalan que Acayro Sánchez pensó que el que el CGPJ conociese esos antecedentes, que eran por un delito relacionado con actividad terrorista, reforzaría su posición y privaría de crédito la denuncia. Pero advierten de que esto no puede justificar la conducta del juez porque el ejercicio del derecho de defensa no puede amparar la lesión de otros derechos fundamentales.

Dos de los magistrados del Tribunal entienden que Acayro Sánchez debió darse cuenta de su error, máxime por su condición de jurista, y por eso le condenan aunque rebajan en un grado la pena.

Ahí radica la discrepancia de la magistrada que ha emitido el voto particular, que entiende que el juez debería ser absuelto porque ese error era "invencible", y que Acayro Sánchez al aportar los antecedentes solo pretendió acreditar datos que vio relevantes para su defensa.

Para los magistrados, Acayro Sánchez "actuó en todo momento prevaliéndose de su condición de magistrado".

En su declaración, Acayro reconoció que pidió a la secretaria judicial una copia de los antecedentes penales de Loroño que constaban en un procedimiento judicial seguido en su juzgado en 2008, en el que el constructor había estado imputado, hoja histórico penal que fue obtenida entonces lícitamente. Y que fue esa copia la que creyó haber aportado al Consejo General del Poder Judicial para "defenderse" de la queja que el constructor presentó contra él. Aunque no es lícita la utilización de los antecedentes penales para otros fines, su abogado alegó que a Acayro Sánchez se le ha acusado de acceder al Registro Central de Penados de manera torticera, no de utilizar una hoja penal obtenida lícitamente para otra finalidad.

A esta tabla de salvación se agarró Acayro Sánchez para jugarse al todo o nada su futuro profesional.

Pero tanto la secretaria judicial como la funcionaria desmintieron la versión del juez. La primera, Paloma Colsa, que inicialmente estuvo imputada en el caso junto a Acayro, reconoció que ella era la única que tenía la clave de acceso al Registro Central de Penados, y que fue el magistrado quien le solicitó los antecedentes penales de Loroño escribiendo su nombre y DNI en un pósit. "Cuando recibí el certificado, entregué en mano el original al juez", declaró. El imputado no se atrevió a desacreditar públicamente a la secretaria judicial, pero su abogado insinuó que pudo haberle "colado" el documento al juez. "Yo he venido aquí a defenderme, no a responsabilizar a nadie", espetó Acayro a la fiscal superior, Pilar Jiménez, cuando está le preguntó si fue engañado al recoger los antecedentes penales.