AMA pide dimisiones por el permiso de Escalante y Argoños para demoler 287 viviendas

AMA ha reaccionado así ante la información publicada en la edición impresa de El Diario Montañés y que recoge que los dos ayuntamientos han respondido a los requerimientos de la Sala de lo Contencioso Administrativo y le han enviado un calendario para el derribo de las 32 viviendas del edificio Las Torres y otras 255 en Argoños.

La asociación ha reunido "de urgencia" este Viernes Santo a su Ejecutiva en Argoños, según informa en una nota de prensa, en la que muestra su "indignación por el comportamiento de las instituciones", su "tremenda decepción" por la falta de coordinación entre ellas y reclama "responsabilidad y dimisiones de los culpables de esta situación".

Además anuncia movilizaciones para el próximos lunes, día 28, en Argoños y Santander, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y ante el Gobierno regional.

Para las 11.00 han convocado una concentración ante el Ayuntamiento de Argoños, un municipio que, según recuerda, tiene en su territorio la mitad de las viviendas con sentencia de derribo, para manifestar "su pesar y su tristeza" por la contestación a los jueces.

A las 12.00 se concentrarán ante el TSJ para pedir "justicia, una solución final, que se respete el patrimonio de los afectados y las resoluciones del Parlamento de Cantabria, el Senado y las demás instituciones" y también que sea "sensible con la situación tan dura e injusta que están sufriendo las familias afectadas". De allí irán hasta la sede del Gobierno de Cantabria, donde pedirán "garantías de cumplimiento" del acuerdo del Parlamento, que los convenios y el pago por daños morales lleguen "sin desigualdades" a todos los afectados, para los que reclamen una solución satisfactoria.

AMA tacha de "grave irresponsabilidad" la falta de coordinación entre las instituciones ante el problema de las sentencias de derribo y se queja de que "ante hechos jurídicos iguales se den contestaciones totalmente divergentes".

"Nadie puede entender que estos ayuntamientos estén aprobando planes generales de ordenación urbana donde se regularizan o legalizan viviendas y a la vez informando a los jueces de lo contrario, del derribo de las mismas. ¿Qué credibilidad pueden tener unas instituciones que dicen lo mismo o lo contrario?", se pregunta.

La asociación califica de "provocación" la postura de los dos ayuntamientos, por manifestar, según dice, que los convenios entre el Gobierno y los afectados son garantía suficiente para el pago de las indemnizaciones "cuando no existen ni los recursos ni las partidas presupuestarias correspondientes". "Estas actuaciones dan vergüenza ajena", remacha.

El requerimiento a los municipios con viviendas sentenciadas se produjo después de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional la figura de las autorizaciones provisionales, que fue aprobada la pasada legislatura, con el PP en el Gobierno, como solución para mantener las viviendas en pie mientras se daba luz verde a nuevos planeamientos que las iban a legalizar.