Escalante y Argoños aplazan los derribos de las 287 viviendas

Juan José Alonso, regidor de Escalante, comunicó personalmente a la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos y al equipo de Urbanismo del Ejecutivo que entregará a los tribunales un escrito de «aclaración» al calendario de ejecución del edificio de Las Torres. En su primera versión el Ayuntamiento decía estar en disposición de tirar el inmueble de 32 viviendas en julio, justo cuando está prevista la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que legaliza la construcción. Además, mantenía que el convenio suscrito entre el Gobierno anterior y los afectados «garantiza» las indemnizaciones que deben percibir los propietarios, dando así vía libre a los jueces para ordenar la entrada de las palas. En el mismo sentido se pronunció su compañero de Argoños, Juan José Barruetabeña, el municipio más afectado con 255 viviendas amenazas por la piqueta, si bien el calendario de ejecución no comenzaba hasta el año que viene y finalizaba en 2020.

La postura procesal de ambos ayuntamientos, abiertamente contraria a la sostenida por el actual Gobierno, dejó en estado de shock a los propietarios y al propio Gobierno. Díaz Tezanos reconoció ayer su «sorpresa» por la posición de ambos ayuntamientos, que calificó de «partidista». Ante el revuelo montado, Alonso acudió ayer a primera hora de la mañana a la sede del Ejecutivo, donde se reunió con el equipo de Urbanismo y la propia vicepresienta, a los que, según Díaz Tezanos, comunicó que presentará a los jueces un escrito de aclaración del calendario de ejecución «en el mismo sentido que ha respondido el Gobierno, diciendo que los convenios no son garantía indemnizatoria».

El alcalde de Argoños, que no ha hablado con el Gobierno, declaró a este periódico que se reunirá con el asesor jurídico «para buscar una fórmula para aplazar las ejecuciones. Si tengo que cambiar el escrito, lo haré», señaló tras criticar que el Ejecutivo no haya liderado una postura procesal coordinada con los ayuntamientos para responder a los tribunales.

La rectificación de los alcaldes satisfizo, en principio, a los afectados, reunidos en torno a la Asociación de Maltrados por la Administración (AMA), aunque «queremos ver esos escritos en los juzgados», dijo, desconfiado, su presidente Antonio Vilela. Una marcha de 200 propietarios recorrió durante la mañana las sedes del Ayuntamiento de Argoños y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para desembocar a las 13 horas ante el Gobierno regional.

Una comisión se entrevistó con el máximo responsable de la Justicia en Cantabria, José Luis López del Moral, y con la vicepresidenta. A López del Moral le transmitieron la «difícil y dura» situación de las familias y le pidieron «sensibilidad» porque la Sala de lo Contencioso Administrativo, la responsable de ejecutar las sentencias, «ha sido muy beligerante en las soluciones que se le han presentado. Primero con los incidentes en las ejecuciones, que no ha aceptado ninguno; luego con las autorizaciones provisionales. Ahora esperamos que no sea también beligerante en la aplicación del artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que lo único que establece es que se indemnice al afectado antes del derribo», rogaba Vilela.

El encuentro reflejó la tensión que soportan desde hace más de dos décadas las familias. Una de las afectadas rompió a llorar en la reunión y recibió el consuelo del magistrado. De allí, las familias se desplazaron en dos autobuses hasta Peña Herbosa. A pie de calle y sin perder la compostura, reclamaron justicia, mientras la misma comisión, con Vilela al frente, se entrevistó con los directores de Medio Ambiente y de Urbanismo, y con Díaz Tezanos, a los que reprocharon «descoordinación» con los ayuntamientos y reclamaron una postura procesal única ante los tribunales.

La vicepresidenta, cuyo departamento gestiona el urbanismo en la región, negó la mayor. Por un lado admitió que el Gobierno ignoraba la posición de Escalante y Argoños ante los jueces, de la que se enteró por este periódico, y por otro desmintió que exista falta de coordinación con los ayuntamientos en materia de derribos, tal y como denuncia AMA. En este sentido, sostuvo que el Ejecutivo trabaja de forma «estrecha» y «permanente» con los ayuntamientos para resolver el conflicto y, en concreto, con Escalante y Argoños mantiene reuniones «periódicas y constantes». Pero Barruetabeña lo niega. «El 25 de noviembre de 2015 pedimos al Gobierno una reunión para formar una comisión de seguimiento de los derribos y todavía estamos esperando, y eso que casi lo rogué. A mí no me importan las siglas políticas, me importan los afectados».