El Ayuntamiento de Noja gana un pleito millonario a su actual alcalde

El Ayuntamiento de Noja puede respirar tranquilo. Los jueces han determinado que no tendrá que pagar a su alcalde, el regionalista Miguel Ángel Ruiz, los 19 millones de euros de indemnización que reclamaba a la Administración municipal a través de la sociedad familiar Nocanor Promociones. La cantidad reclamada por el regidor municipal supone casi el presupuesto municipal de los dos próximos ejercicios, que se sitúa en torno a los 9,6 millones de euros anuales. La estimación de su demanda no sólo hubiera vaciado las arcas públicas de este municipio costero de dos mil habitantes, sino que lo habría endeudado por muchos años.

Con esta sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, el Consistorio ha ganado la batalla, pero no la guerra porque la resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que tendrá la última palabra. El juez no entra en el fondo del asunto, es decir, no se pronuncia sobre si la reclamación patrimonial de la empresa constructora de la familia Ruiz Lavín es ajustada a Derecho o no. Simplemente rechaza su petición porque la presentó fuera de plazo y ha prescrito.

Pero, ¿qué puede llevar a un alcalde a la rocambolesca posición de exigir al ayuntamiento que preside una indemnización millonaria que arruinaría al municipio? En el fondo de la cuestión subyace el enfrentamiento que el regionalista Ruiz Lavín (PRC) mantiene con su predecesor, el popular Jesús Díaz, una rivalidad que ha terminado en los tribunales, pero que de rondón salpica al propio Ayuntamiento, que se ha visto en el medio del fuego cruzado con una demanda millonaria que suma la friolera de 19 millones de euros.

Ruiz Lavín sostiene que siendo alcalde Díaz provocó «de forma deliberada» la quiebra de la empresa familiar, Nocanor Promociones SL, al maniobrar con todo tipo de argucias para impedir que construyera en la villa una promoción de 184 viviendas. Según su tesis, el Ayuntamiento tardó más de dos años en concederle la autorización para edificar, y lo hizo obligado por los tribunales. Esa demora fue nefasta para el negocio y provocó su ruina. Por eso, en febrero de 2013 exigió al Consistorio la primera indemnización de 12,9 millones de euros, cantidad en la que cifró el quebranto económico causado por las dilaciones indebidas en la concesión de la licencia. Posteriormente, el 5 de mayo de este mismo año, Ruiz Lavín amplío la reclamación patrimonial y exigió al Ayuntamiento otros cinco millones.

Vodevil municipal

Si no fuera por las consecuencias de la reclamación se diría que estamos ante un vodevil municipal. Antes de llegar a los tribunales, la demanda fue debatida en un pleno, en el que se ausentó el alcalde regionalista, donde los diez concejales, incluidos los de su partido, rechazaron la exigencia millonaria.

Pero en medio del fragor del debate, el equipo de gobierno dejó caer que Ruiz Lavín no era el primero ni el único edil que había pedido árnica al Consistorio. Lo hizo también el concejal de Obras Públicas en las dos últimas legislaturas, que pleiteó contra el Ayuntamiento para exigirle «más de un millón de euros» en concepto de daños y perjuicios por una gasolinera que construyó y tuvo que demoler parcialmente, y según se dijo en aquella reunión la esposa del anterior alcalde mantiene dos reclamaciones contra el Consistorio.

Así que cuando Nocanor fue a los tribunales para ser resarcido, el Ayuntamiento se opuso con toda la artillería juríco-legal a pagar un solo euro al alcalde. El asesor jurídico del Consistorio, Eduardo Garmendia, alegó primero cuestiones formales y dijo que la reclamación había prescrito porque se había presentado fuera del plazo de un año legalmente previsto. Después aseguró que no se había perjudicado a la constructora, que sólo tenía «meras expectativas de futuros beneficios». La juez se ha quedado en la cuestión formal y ha dado la razón al Ayuntamiento al declarar prescrita la reclamación. Así, fue en diciembre de 2014 cuando el TSJC dijo que el Ayuntamiento debió conceder la licencia de obras a Nocanor, pero la empresa no formuló el recurso hasta febrero de 2013.

Paralelamente a la reclamación millonaria, Ruiz Lavín se querelló contra el exalcalde Jesús Díaz al que acusa de maniobrar contra él desde el Ayuntamiento hasta hacer quebrar su empresa.