La Audiencia anula la apertura de juicio oral contra los expedáneos de Lusa y Mioño

El juicio contra los expedáneos de Mioño y Lusa, en Castro Urdiales, Víctor Echevarría y Antonio Alijo, por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida en el arrendamiento de unos terrenos mineros ha sido suspendido, después de que la Audiencia Provincial anulase ayer el auto de apertura de juicio oral por no figurar ambas juntas vecinales en el proceso cuando la acusación les pide responsabilidad civil.

De este modo, de continuar el proceso actual con la celebración del juicio en el que también se juzgaba posible prevaricación y coacciones y acordarse alguna responsabilidad para estas pedanías, se las dejaría en «flagrante indefensión» y se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberlas dado participación en el proceso, según manifestó ayer el presidente de la Sección Tercera, Agustín Alonso Roca, cuyas declaraciones recogió ayer Europa Press.

Estaba previsto que el juicio se desarrollara en tres días, siendo acusación particular, las empresas Sadisa y Emilio Bolado, que piden un total de 17 años de cárcel y 24 de inhabilitación para Echevarría y Alijo, además de 1,2 millones por responsabilidad civil.

Al arrancar la sesión, en las cuestiones previas, la defensa planteó la suspensión del juicio por el citado motivo, para evitar «indefensión» de las juntas castreñas. Una solicitud a la que se han adherido el Ministerio Fiscal y la acusación particular, y que ha aceptado la sala a continuación, tras oír a las partes y sin necesidad de reunirse para deliberar sobre la cuestión, dada la «claridad» del asunto.

Así, se acordó la suspensión de la vista y retrotraer el proceso, devolviendo la causa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales, para que se dicte un nuevo auto de apertura de juicio oral con el que se dé participación a las dos pedanías, para que puedan formular las alegaciones que consideren oportunas y presentar escritos de calificación provisional.

Arrendamiento de terrenos

La causa deriva del arrendamiento de unos terrenos a la UTE Dícido (formada por Sadisa y Emilio Bolado, adjudicatarias del contrato y que ejercen la acusación particular) para su explotación minera y el juicio se iba a celebrar después de que las partes no llegaran a un acuerdo en enero (cuando se iba a celebrar la vista y que se suspendió por esta posibilidad). La acusación pide siete años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público para el expedáneo de Mioño y diez años de prisión y quince de inhabilitación para el de Lusa. Sin embargo, la Fiscalía no considera probados los delitos que se les imputan.