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Abel Verano
Viernes, 27 de enero 2017, 07:14
El Gobierno de Cantabria ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anulan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Laredo aprobado en el año 2015 a pesar de que, en un principio, ... consideró que "no era aconsejable", según manifestó la vicepresidente regional, Eva Díaz Tezanos.
Según confirmaron ayer desde el Ejecutivo cántabro, los servicios jurídicos regionales han presentado ante el TSJC un recurso en el que anuncian que se va a recurrir la sentencia, teniendo en cuenta que los dos fallos van en contra de una decisión acordada por el Ejecutivo regional a través de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo).
Así, la dirección jurídica avisó a la Dirección General de Urbanismo de que iba a presentar el recurso y ésta no pidió que se diera marcha atrás, lo que no quiere decir que no se pueda retirar el recurso en cualquier momento. Pero eso sí, de no presentarlo antes de que finalizara el plazo "no podríamos defender nuestros argumentos y el daño es irreversible". En todo caso, la retirada del recurso, en caso de que se produjera, debe pasar por el Consejo de Gobierno, según confirmaron desde el Ejecutivo cántabro.
Tras conocer las intenciones del Ejecutivo regional en una junta de portavoces celebrada con carácter urgente a mediodía de ayer, los grupos municipales de la Corporación pejina acordaron en un pleno celebrado por la tarde no seguir los mismos pasos que el Gobierno regional. Es decir, no recurrir. Esta decisión se tomó tras dos votaciones y teniendo en cuenta el voto de calidad del alcalde. Y es que en ambas votaciones hubo dos votos favorables a recurrir (los de dos concejales del PRC, puesto que el tercero no asistió al pleno) y dos votos en contra (los de las dos ediles del Sí Se Puede Laredo). Con ese empate y al abstenerse los cinco ediles del PP y los otros cinco del PSOE, se impuso el voto de calidad del alcalde, en su caso abstención, no pudiendo salir adelante la propuesta de recurrir.
Durante el turno de intervenciones, el PSOE dejó claro que siempre han estado en contra del Plan General. "Estaba abocado al fracaso. Lo que mal empieza, mal acaba. Ese Plan ha supuesto una ruina económica para los bolsillos de los laredanos", señaló la portavoz socialista, Rosalina López.
La edil de Obras explicó que el Ayuntamiento había encargados dos informes jurídicos externos que ponen de manifiesto que la posibilidad de que un recurso prosperara es "tremendamente reducida o prácticamente inexistente". "Si se recurre es muy difícil que se admita", apuntó, al tiempo que se mostró extrañada por la decisión del Gobierno, "cuando todos pensábamos que no se iba a recurrir".
"El Plan está muerto"
Desde el PP también se manifestaron en contra de recurrir el Plan General porque "está muerto", según señaló en varias ocasiones el portavoz popular, Alejandro Liz. "Está muerto y no hay quien lo reviva. Todos los técnicos y juristas creen que un recurso no prosperaría. El Supremo va a confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia", apuntó el edil popular, quien cree que si se recurre y se aplica el Plan anulado hasta que responda el Supremo, "se van a dar licencias en falso".
El portavoz popular acusó al alcalde de "no defender los intereses de los laredanos, porque el Gobierno tiene que hacer lo que le diga el Ayuntamiento de Laredo, que al final es el afectado por la anulación del Plan General".
Por su parte, el portavoz del PRC, Pedro Diego, defendió la postura del Gobierno regional de recurrir, basada, según desveló, en que un jurista del Ejecutivo cántabro sostiene que existe un informe de 2003 que es vinculante y que señala que no hace falta otro informe de Telecomunicaciones, tal y como aseguraban las dos sentencias que anulan dicho PGOU.
Desde Izquierda Unida, Alejandro Abad se mostró "perplejo y avergonzado" por el hecho de debatir un tema sobre el que el Gobierno de Cantabria "ya ha decidido", y dejó claro que a su grupo le interesa saber quiénes son los responsables de la anulación del Plan.
De su lado, la portavoz de Sí Se Puede Laredo, Carmen García, consideró "intolerable" que el Gobierno regional haya esperado hasta el último día para recurrir. "Asistimos a un juego político con intereses partidistas".
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