El juez rechaza el pago inmediato de los 5,1 millones que Castro adeuda a Ascán

El Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander ha rechazado la solicitud de la empresa Ascán responsable de la gestión del agua en Castro en la que reclamaba al Ayuntamiento castreño el pago de 5,1 millones euros (más 745.441 de intereses) en concepto de ejecución provisional de una sentencia, recurrida ante el Supremo, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condenó al Consistorio por un desequilibrio económico en el servicio entre los años 2007 y 2013.

En el auto que resuelve esta petición, al que ha tenido acceso este periódico, se relata que la empresa adjudicataria mantiene que "el Ayuntamiento tiene asegurado un flujo de ingresos continuo y sostenido en el tiempo procedente de diversas fuentes y ello le permite proceder de forma inmediata a la ejecución de la sentencia".

Por contra, el Consistorio castreño alega que el abono de esta indemnización de manera provisional "ocasionaría situaciones irreversibles y perjuicios irreparables tanto para su funcionamiento ordinario como para los servicios básicos y obligatorios que le competen, además de la imposibilidad de afrontar el pago de las obligaciones que ya tiene comprometidas e imponer el pago inmediato de tal cantidad sería inviable con los recursos existentes".

Para corroborar estas afirmaciones, según apunta el juez en su auto, el Ayuntamiento castreño adjuntó, por un lado, los informes del interventor municipal de 17 y 20 de abril de 2017, que a su vez remite al de 14 de junio de 2016 elaborado con ocasión de la ejecución provisional previa, en los que indica que a lo máximo que se podría hacer frente es a la cantidad estimada de 3.648.120 euros."Dicha cifra se podría alcanzar acudiendo a los remanentes de tesorería de los años 2015 y 2016. No obstante, a día de hoy, aún no se ha aprobado la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 por lo que es una operación estimada así como que de aplicarse dichas cantidades al pago de la ejecución provisional de la sentencia, se privaría al Ayuntamiento de la liquidez imprescindible para el funcionamiento diario".

Así las cosas, el titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander considera que la ejecución provisional de la sentencia puede ocasionar una situación de "perjuicio muy grave" al normal funcionamiento del Ayuntamiento de Castro y por "razones de prudencia y proporcionalidad" debe desestimarse dicha ejecución. En primer lugar, porque las partes están emplazadas desde el pasado 15 de febrero ante el Tribunal Supremo, lo que supone que, atendiendo a los plazos estimados para estos casos, "el recurso de casación estará resuelto en poco tiempo".

En segundo lugar, el juez justifica su negativa a aceptar la solicitud de Ascán porque de los informes aportados se desprende que la ejecución provisional conllevaría al "bloqueo del funcionamiento" diario del Ayuntamiento y ocasionaría un "perjuicio evidente, grave e irreparable a los ciudadanos".

Posibles consecuencias

Según se recoge en el auto, el importe cuyo pago inmediato se reclama supera el 20% de los gastos anuales presupuestados, "por lo que es sencillo hacerse una idea que el impago al resto de proveedores o la paralización de prácticamente todas las obras o inversiones en curso serían inmediata con los consiguientes conflictos jurídicos que se podría derivar de tales situaciones y los perjuicios se multiplicarían". Es decir, la ejecución inmediata de la sentencia sería someter al Ayuntamiento en un "caos de funcionamiento aún estando pendiente la tramitación del recurso de casación".

A pesar de ello, el juez no intenta "minimizar" ni "relativizar" la obligación latente de pago que tiene el Ayuntamiento, pero tampoco se olvida de que aún es provisional "y es por ello por lo que debe insistirse en las consecuencias que tendría ya que debe velarse por el interés general". En este sentido, el magistrado tampoco obvia que a esta situación se ha llegado "como consecuencia de la gestión política llevada a cabo hasta el año 2013". "De haberse gestionado con normalidad, sencillamente este problema no existiría. De hecho, casi un 20% de la cantidad reclamada son intereses de demora. Y es que los políticos no tienen derecho a ser unos incompetentes. Antes al contrario, tienen la obligación de gestionar los recursos públicos correctamente".

Como tercer argumento para rechazar la petición de Ascán, el juez señala que, tal y como se pone de manifiesto en los informes técnicos, aún en el caso de que se confirmara la sentencia por el Tribunal Supremo, "el Ayuntamiento no tendría que afrontar el total que ahora se le reclama ya que podría aplicar una compensación de deudas y el importe a abonar sería de algo menos de cuatro millones de euros. Y es que Ascán, "que ha reconocido sus dificultades económicas y por ello ha sido vendida a una sociedad de capital de riesgo para cubrir su déficit de tesorería, actualmente debe al Ayuntamiento de Castro algo más de dos millones de euros".