El presidente del Barcelona no responde al juez

En la querella de DIS se investigan delitos de estafa y corrupción entre particulares, mientras que en la primera causa, que sigue un juzgado de Barcelona tras inhibirse la Audiencia Nacional, se persiguen delitos fiscales. Además de Bartomeu, hoy también ha comparecido el expresidente del Barça Sandro Rosell, que se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha ratificado en lo que ya dijo en la otra causa.

La causa actual deriva de una querella interpuesta por la entidad Dis, propietaria del 40% de los derechos federativos de Neymar durante su etapa en el Santos brasileño. Se investiga cómo la maraña de contratos firmados entre los clubes y la sociedad del padre de Neymar para garantizarse el fichaje por 40 millones de euros le produjo un perjuicio económico al atentar contra el principio de libre competencia.

Este lunes, además de los directivos culés, prestan también declaración los representantes legales del FC Barcelona y del Santos, imputados ambos como personas jurídicas, así como Luis Álvaro de Oliveira y Odilio Rodrigues, directivos del Santos en el momento del fichaje. Mañana martes está previsto que declaren, también como imputados, el propio Neymar, sus padres y el representante legal de la entidad N&N, que representa al jugador.

El juez, al abrir la causa el pasado 17 de junio, acogió la tesis de la empresa querellante respecto a que "si el jugador Neymar aceptó del FC Barcelona la cantidad de 40 millones por fichar por este club podría haber alterado de esta manera el libre mercado de fichaje de futbolistas y perjudicado también al querellante.

Según el escrito de apertura de la causa, Dis se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia y pudiera obtener una mayor cantidad económica por el traspaso, unos 26 millones.

Mañana está previsto que declaren el jugador, sus padres y el representante legal de la entidad N&N.

Prisión y multa

Esta causa se suma a la ya abierta en la Audiencia Nacional y que se juzgará en la Audiencia de Barcelona sobre los delitos fiscales derivados del fichaje del delantero brasileño. En esta causa la Fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión y 3,83 millones de euros de multa para Bartomeu, y más de siete años de cárcel y 25,15 millones de sanción para Rosell, que dimitió de la presidencia del Barcelona por este escándalo, por delitos fiscales y societarios en la contratación del jugador.

También reclama el ministerio público una multa de 22,2 millones de euros para la entidad blaugrana, imputada como persona jurídica. Además, como responsabilidad civil, el fiscal solicita 9,55 millones de euros para Rosell y el club solidariamente y 1,9 para Bartomeu y la entidad conjuntamente, según el escrito de acusación. Entre multas e indemnizaciones, los dirigentes y el club líder de la Liga se enfrentan a tener que abonar un total de 62,66 millones de euros. El coste del futbolista, impuestos incluidos, fue de 94,8 millones.