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Víctor Puente
Jueves, 4 de febrero 2016, 17:38
Los trabajadores de Tragsa han aprovechado su cuarta jornada de huelga para trasladar al delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, su rechazo al expediente de regulación de empleo y los seis despidos realizados por la empresa pública en la región.
Al tratarse del máximo ... representante del Gobierno central, "el principal cliente de Tragsa", el comité de empresa ha trasladado este jueves a Ruiz el sentir de los trabajadores con los que esta empresa cuenta en la región. "Los despidos no tienen ningún sentido porque Tragsa nunca ha tenido pérdidas económicas en Cantabria". El entrecomillado es de la presidenta del comité de empresa y sindicalista de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, Emilia López-Dóriga, quien le ha recordado que la empresa pública ya había realizado un recorte significativo antes de que se realizara el ERE, pasando de 350 trabajadores en 2007 a los 92 actuales.
López Dóriga cree, y así se lo ha intentado explicar al delegado del Gobierno, que los seis despidos que Tragsa ha realizado en Cantabria se han efectuado para que otras comunidades autónomas "no se sintieran agraviadas". Al mismo tiempo le ha avisado de que esta reducción de plantilla podría tener graves consecuencias para afrontar los encargos, las obras y las actuaciones de emergencia que Tragsa, que "siempre ha tenido beneficios en la región", tiene que llevar a cabo de aquí en adelante. "Aquí no sobra nadie. Andamos muy escasos de personal", recalcan desde el comité.
La reunión en Delegación de Gobierno también ha sido aprovechada por la plantilla para denunciar el cargo político que Tragsa ha creado en pleno ERE y con seis trabajadores despedidos. La figura "intolerable" que denuncia el comité es un delegado comercial que percibe 88.000 euros anuales.
Toda una batería de protestas que volverán a ser escuchadas este viernes por las calles de Santander. La plantilla protagonizará una manifestación que partirá a las diez de la mañana en Delegación de Gobierno y concluirá en el edificio de Ministerios, de la calle Vargas. La concentración llega después de cuatro días de huelga que, según el comité, ha sido secundada "por un 85% de la plantilla, un 95% en el caso de los 70 empleados con contrato indefinido".
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