Cantabria ha incrementado su deuda casi un 11% en el último año

La Consejería de Economía, dirigida por el socialista Juan José Sota, explicó que del total de esa deuda, 1.476 millones de euros pertenecen al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Es decir, más del 58% del montante. «El crecimiento de 263 millones en 2015 se debe a préstamos concertados por el Gobierno del PP, ya que cuando llegamos nosotros, en julio de 2015, todos los préstamos del FLA estaban ya firmados y comprometidos por el anterior gobierno popular», señalaron desde la Consejería.

Sota fue tajante a la hora de culpar al PP de la situación financiera de Cantabria y del incremento de la deuda, que en los últimos cuatro años «ha batido todos los récords de incremento», lamentó. Según los datos que maneja el Ejecutivo PRC-PSOE, el pasivo autonómico ha pasado de los 1.293 millones de euros en el año 2011 a los 2.691 millones de euros con los que finalizó 2015. Un incremento, por tanto, de 1.398 millones de euros, que supone más del doble de aumento en una legislatura y que deja a Cantabria en peor lugar que otras comunidades. «Creció 28 puntos más que la media, a razón de casi 1 millón de euros al día», subrayó Sota.

Si analizamos la deuda por habitante, en diciembre de 2011 cada cántabro debía 2.181 euros, cuatro años más tarde cada uno tendría que poner de su bolsillo 4.599 euros para dejar a cero la cuenta. Además, como consecuencia del crecimiento del endeudamiento, el rating de Cantabria (Fitch) ha bajado seis escalones. «En junio de 2011 teníamos AA y en junio de 2015 tenemos BBB», destacaron desde Economía.

Fondos de financiación

Las comunidades autónomas cerraron 2015 con una deuda de 261.268 millones, lo que supone un incremento de 24.448 millones en comparación con el año pasado. Sin embargo, más allá del nuevo incremento, uno de los datos más significativo es que el 48% de ese pasivo está en manos del Estado, es decir, 125.666 millones. Este escenario se produce porque la administración central se ha convertido a través de los mecanismos de financiación extraordinarios (FLA o Plan de Pago a Proveedores) en el último prestamista de la mayoría de los gobiernos regionales. Tanto es así que posee más del 50% de la deuda de ocho comunidades. En concreto, el Estado es el principal acreedor de Murcia (70,7%), seguida de la Comunidad Valencia (69,6%), Castilla-La Mancha (63,5%), Andalucía (62,9%), Cataluña (60%), Baleares (59,4%), Cantabria (54,8%) y Canarias (54,4%). El resto de comunidades también tienen gran parte de su deuda en manos del Estado, salvo País Vasco y Navarra, que rechazaron sumarse a estos programas.

La crisis provocó que el mercado de financiación se cerrara para muchas autonomías, que vieron como sus títulos de deuda eran calificados de «bonos basura» por algunas agencia de rating. Ante esta circunstancia el Ministerio de Hacienda puso en marcha a mediados de 2012 los mecanismos de financiación para ayudar a las comunidades con mayor dificultad por incumplir los objetivos de déficit, deuda o promedio de pago a proveedores. A cambio de realizar ajustes reciben estas partidas a tipos muy inferiores a los del mercado. Esto provocó el crecimiento exponencial del peso del Estado en la deuda autonómica. Sólo en el segundo semestre de 2012 ya debían 34.330 millones. Desde entonces la cifra no ha hecho más que aumentar. En 2013 las comunidades ya debían al Estado 61.500 millones y un año después 85.000 millones. Precisamente en 2015 se produjo el salto mayor (40.000 millones más) debido a que el Gobierno quiso aprovechar los tipos bajos a los que se financiaba el Tesoro (en letras a corto plazo llegó al negativo) y creó un nuevo mecanismo -el Fondo de Facilidad- al que también se pueden acoger las comunidades cumplidoras. Además, la gran novedad es que estos préstamos son a un tipo de interés cero, una mutualización que se extendió a los instrumentos anteriores. La aprobación de los distintos mecanismos han supuesto un desembolso de 179.000 millones, incluyendo lo pagos a proveedores de los ayuntamientos.

Al margen de quiénes son los acreedores, el principal problema de la deuda autonómica es que siguió con su senda alcista y aumentó su ratio respecto al PIB del 22,7% al 24,2%. De hecho, fue el sector de la administración en el que más se elevó el pasivo el año pasado (10,3%).