Economía "corregirá lo que sea necesario" en la empresa Sogiese

Según la auditoría, Sogiese no sólo sobrepagó con 90.000 euros a cinco de sus empleados por encima de lo permitido por la ley, sino que también incumplió la normativa que obligaba a reducir un 5% su masa salarial y pudo recibir una «sobrefinanciación» del Ejecutivo regional en 2014.

«Tendremos en cuenta todas las recomendaciones y también es necesario conocer la opinión de Sogiese», señaló Sota, quien destacó las peculiaridades que diferencian a esta empresa pública del Gobierno regional de las otras. Entre ellas, que muchos empleados son extranjeros y que sus sueldos excepto un porcentaje de dos directivos son pagados por Bruselas.

Este fue el argumento utilizado por el organismo para rebatir el informe sobre el incumplimiento de las leyes autonómicas que regulan los salarios de los trabajadores públicos. Sin embargo, el interventor insistió en que al tratarse de una sociedad pública regional «debería haber acatado la ley».

Decisión final

Desde el PP también hicieron referencia a estas particularidades y aconsejaron pedir un informe externo si existen discrepancias entre dos órganos administrativos. En cualquier caso, dejaron claro que es el consejero de Economía el que «debe tomar la decisión final». Es decir, si la Intervención General tiene razón en el asunto y los cinco empleados de Sogiese deben devolver esos 90.000 euros que, según el informe, cobraron de más.

Desde el PRC, por su lado, adelantaron su apoyo a la actuación que decida el Ejecutivo y dejaron constancia de que «hay que cumplir la ley y los funcionarios y cargos públicos deben ser un ejemplo». Su socio de Gobierno, el PSOE, aseguró desconocer el contenido del informe que «según lo visto dijeron pone de manifiesto anomalías en la gestión de la empresa entre los años 2012-2014, correspondientes al Gobierno del PP presidido por Ignacio Diego». Los socialistas adelantaron que Economía «tomará las medidas necesarias de acuerdo con el compromiso de transparencia adquirido por la coalición con los regionalistas».

Desde Ciudadanos y Podemos las críticas fueron más duras. El portavoz de los primeros, Rubén Gómez, denunció el «incumplimiento» de la ley que marca el sueldo de estos trabajadores, «ya que se han beneficiado en lugar de reducir su salario un 5% como así obligaba la normativa», subrayó.

Desde Cs consideran que el actual Gobierno de Cantabria, como máximo responsable, debe reclamar la devolución de este dinero y los intereses y tomar las medidas oportunas para exigir responsabilidades políticas y legales. «Nos preguntamos, ante esta situación, si el Ejecutivo autonómico ha tomado ya esa decisión con el fin de resolver este pago excesivo salarial», incidió Gómez.

Para el portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, supone una «vergüenza» que mientras en esos años se exigió a los ciudadanos apretarse el cinturón, desde el Ejecutivo del PP «se permitía esta sobrefinanciación y sobrepasar los topes salariales, ya de por sí muy generosos». «Si continúan esos sueldos, el Gobierno tiene que ajustarlos como estipula la ley y, lógicamente, se tiene que devolver ese dinero de más a la Tesorería», subrayó.