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Gonzalo Sellers
Viernes, 26 de agosto 2016, 07:14
Si una comunidad autónoma necesitaba liquidez antes del año 2012 sólo tenía una opción: negociar con los bancos para obtener el mejor crédito posible. Y así lo hicieron, engordando una deuda apalancada ahora en el sofá de cada Administración y sin ninguna intención de ... adelgazar. Por eso, el Estado creó hace cuatro años una herramienta nueva para frenar la sangría: el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Básicamente se trata de una línea de crédito para prestar dinero a las comunidades sin que tengan que pagar los altos intereses del mercado. Desde entonces, el Gobierno central ha inyectado 44.484 millones de euros a las autonomías con unos tipos muy reducidos. Y una de las más beneficiadas, según los últimos cálculos de Hacienda, ha sido Cantabria, que se ha ahorrado de pagar 494 millones de euros en intereses en cuatro años. Hace falta sumar el beneficio de Madrid, Galicia y Extremadura para igualar esa cantidad.
Cantabria ha recibido 1.527 millones de euros desde que el ministro Cristóbal Montoro puso en marcha el FLA, en 2012, hasta finales del año pasado. El Estado le ha prestado ese dinero con unos intereses que han ido cayendo año tras año: 5%, 3,6%, 1,6% y 0,8%.
Si en lugar de eso, Cantabria hubiese tenido que acudir a los bancos, hubiera tenido que pagar prácticamente el doble, excepto en 2015, en el que los tipos del Estado y los del mercado se acercaron a una distancia de solo el 0,3%, según Hacienda.
Estos ingresos a crédito del Estado son claves para que la región pueda pagar a sus proveedores y cubrir los vencimientos de deuda de los anteriores créditos bancarios.
Los efectos de esas inyecciones de dinero se han sentido, sobre todo, en tres áreas concretas del Presupuesto: Sanidad, Educación y Servicios Sociales, que han sido los destinatarios del 75% del gasto abonado. No en vano, el expresidente Ignacio Diego, echando la vista atrás de lo que fue su legislatura, vinculó en su día la salvación económica de la región a esa herramienta de financiación creada por el Estado. «Si se pudo salir adelante fue gracias al mecanismo de pago a proveedores y al FLA», llegó a decir.
Esa opinión era compartida por la que fue su consejera de Economía, Cristina Mazas. «España nunca se ha financiado a este tipo de interés tan bajo. El objetivo es dejar unas cuentas limpias, a diferencia de las que nos encontramos», explicó el año pasado, cuando sólo quedaban dos meses para las elecciones que devolvieron el Gobierno al bipartito PRC-PSOE.
Este año, más
Y la cuenta sigue creciendo este año. Con dos meses de retraso, el Gobierno de Cantabria recibió el pasado mes de mayo los 78 millones de euros del primer trimestre del FLA de este año. El ministro de Hacienda tenía retenido el dinero de todas las comunidades a la espera de que se resolviera la rebelión de algunas de ellas por los rigurosos objetivos de déficit. Un golpe fallido que se saldó con un año extra para cumplir con el objetivo de estabilidad financiera.
A pesar de estos beneficios marcados con luces de neón por el PP y el Ministerio de Hacienda, lo cierto es que el FLA ha protagonizado durante estos años una batalla política. Las comunidades gobernadas por el PSOE siempre han criticado este mecanismo y, al mismo tiempo, las autonomías cumplidoras nunca han visto con buenos ojos los tratos de favor del Estado a las regiones que no alcanzaban los férreos objetivos exigidos por Moncloa.
El Gobierno de Cantabria aún no ha hecho una valoración de los últimos datos aportados por el Estado esos 494 millones de ahorro, pero otras comunidades ya han saltado para rebajar la euforia de Hacienda.
Es el caso, por ejemplo, de Baleares. Las islas han dejado de pagar 1.850 millones de euros en intereses, pero lejos de felicitarse, ha presentado una reclamación al Ejecutivo central. El Govern balear (PSOE) demanda quedar exento de pagar la deuda contraída a través de los mecanismos de liquidez del Estado, unos 5.586 millones de euros, para compensar el déficit histórico de financiación.
Y en Andalucía (PSOE) también han sido muy críticos tras conocer su ahorro de 7.243 millones. «El FLA es una especie de chantaje. El Gobierno central emplea este fondo como instrumento político para la recentralización de competencias hacia el Estado», señaló su consejera de Economía.
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