La Comisión Europea abre una investigación sobre la moratoria a Solvay en su planta de cloro

El director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea resuelve que "estamos en un proceso de investigación sobre la materia con las autoridades españolas". La misión europea consiste en revisar el permiso a favor de Solvay. Una vez publicada la propuesta de resolución que concede una prórroga de dos años a Solvay para que siga produciendo cloro con su sistema actual, se ha abierto un plazo de quince días para la presentación de alegaciones, proceso al que ha concurrido Ecologistas en Acción. La moratoria de 24 meses planteada por Solvay, y a la que en principio ha accedido el Gobierno cántabro, responde a la "imposibilidad de contar con todos los equipos para cumplir el calendario y los trastornos derivados de la interrupción de la actividad".

Las diferencias entre las partes en conflicto son claras. Por un lado, Solvay mantiene que "la misma normativa europea establece la posibilidad de una prórroga". El Gobierno cántabro participa de esta opinión y posee informes técnicos y jurídicos que la sostienen, según el director general de Medio Ambiente cántabro Miguel Ángel Palacio.

Ecologistas en Acción defiende que la moratoria no es legal: "ya han tenido cuatro años para adaptarse y lo saben"., aseguró este jueves su presidente Bernardo García. La organización ecologista recuerda que no solo se investiga el caso de Cantabria, sino que también a la Generalitat de Cataluña, que pretende la prórroga.

La Comisión Europea ya indicó al Gobierno catalán que el cambio en las tecnologías para la producción de cloro se publicó en diciembre de 2013 y se daba un plazo de cuatro años a las instalaciones afectadas para aplicarlo. Por ello, Ecologistas en Acción resalta que "las instalaciones afectadas no pueden alegar su desconocimiento de la prohibición a seguir usando celdas de mercurio" para la producción de cloro. Solvay matiza que, a diferencia del caso catalán, ellos solicitan la prórroga para cambiar la tecnología, algo que en Cataluña no se indicaba en la petición.

Otro dato que defiende la organización conservacionista es que desde el Gobierno de España confirmaron a la CE en abril de 2015 que las instalaciones "habían recibido instrucciones expresas para que, llegado el 11 de diciembre de 2017, hayan procedido al cese total de las emisiones de mercurio en sus plantas de producción de cloro, las cuales deberán haber sido desmanteladas".

Los ecologistas destacan que la técnica de celdas de mercurio para la producción de cloro es "sumamente contaminante" y cuestionada "desde hace al menos 20 años". La prohibición a partir de diciembre de 2017 está "motiva por la alta toxicidad del mercurio, una de las diez sustancias químicas más peligrosas según la Organización Mundial de la Salud".

A finales del pasado año, Solvay alcanzó un acuerdo con la multinacional portuguesa CUF para la venta de la división de cloro. La firma lusa se ha comprometido a asumir a la plantilla y a realizar una inversión de 50 millones de euros, necesaria para sustituir la tecnología de mercurio.

Instrucciones

La organización recuerda que no solo se investiga el caso de Cantabria por la Comisión Europea sino que también la Generalitat de Cataluña pretende la prórroga para algunas instalaciones.

En un escrito anterior de la CE se indicó al Gobierno catalán que el cambio en las tecnologías para la producción de cloro se publicó en diciembre de 2013 y se daba un plazo cuatro años a las instalaciones afectadas para realizarlo. Por ello, Ecologistas en Acción resaltó que, llegada esta fecha, "las instalaciones afectadas no pueden alegar su desconocimiento de la prohibición de seguir usando celdas de mercurio" para la producción de cloro.

Otro dato que defiende la organización conservacionista es que desde el Gobierno de España confirmaron a la CE en abril de 2015 que las instalaciones "habían recibido instrucciones expresas para que, llegado el 11 de diciembre de 2017, hayan procedido al cese total de las emisiones de mercurio en sus plantas de producción de cloro, las cuales deberán haber sido desmanteladas con arreglo" a la directiva.

Los ecologistas destacan que la técnica de celdas de mercurio para la producción de cloro es "sumamente contaminante" y es cuestionada "desde hace al menos 20 años". La prohibición a partir de diciembre de 2017 está "motiva por la alta toxicidad del mercurio, una de las diez sustancias químicas más peligrosas según la propia Organización Mundial de la Salud".

A finales del pasado año, Solvay alcanzó un acuerdo con la multinacional portuguesa CUF para la venta de la división de cloro. La firma lusa se ha comprometido a asumir a la plantilla y a realizar una inversión de 50 millones de euros, necesaria para aplicar la tecnología de membranas para la fabricación del producto.

Posturas enfrentadas

La empresa "está tranquila", en palabras del jefe de Recursos Humanos y Comunicación de Solvay. Luis Hervella opinó que "está habiendo una confusión" al comparar los casos de Cataluña y de Cantabria ya que en el primero, "no existía un compromiso de reconversión" para cumplir con la normativa, algo que la fábrica de Barreda ha garantizado que ocurrirá en un plazo no superior a dos años.

Ecologistas en Acción de Cantabria aplaudió la investigación abierta por la Comisión Europea y advirtió al Gobierno de Cantabria de que, en caso de "confirmarse ilegal" la prórroga que pretende dar a Solvay, podría conllevar "responsabilidades penales" y una sanción al Reino de España si la moratoria se hace efectiva. A su juicio, esta propuesta de prórroga "deja en evidencia" a la Dirección General de Medio Ambiente de Cantabria.