CEOE-Cepyme reclama un pacto para la prórroga de la planta de cloro de Solvay

Vidal de la Peña reclamó al Gobierno de Cantabria, como interlocutor con las instituciones europeas, que "se agote cualquier vía que evite la pérdida de una inversión que Cantabria necesita y de unos puestos de trabajo que la comarca del Besaya no puede permitirse perder".

El presidente de CEOE aseguró que la empresa "admite la obligatoriedad de esta modificación en sus procesos, se reconoce dispuesta a abordarla y solicita únicamente una ampliación de plazo por lo que no parece posible creer que no pueda encontrarse un punto de acuerdo cuando lo que está en juego es el empleo de una de las comarcas industriales más castigadas de España y una inversión de 50 millones de euros, relevante en una pequeña comunidad como es Cantabria".

De no alcanzarse un acuerdo en la fábrica de Barreda, precisó, "los ciudadanos no lo van a entender, los trabajadores no lo van a entender y el empresariado va a entender que sus inversiones están en manos de instituciones sordas y ciegas a las circunstancias y condiciones que rodean a la vida real de la empresa".

Para el presidente de la patronal, "somos conscientes de que el compromiso con el medio ambiente no es sólo una declaración ética sino una obligación legal y entendemos que en ocasiones el equilibrio entre estas obligaciones y la sostenibilidad del empleo es complejo pero no hay que dejar de trabajar para encontrar un pacto asumible por la empresa y aceptable por la UE".

Investigación

La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación sobre la moratoria de dos años que el Gobierno de Cantabria proyecta conceder a Solvay. En una comunicación firmada por el director general de Medio Ambiente de la CE, Daniel Calleja, se advierte de que dicha resolución "podría ser contraria" al artículo 21 de la directiva europea sobre la emisiones industriales. El escrito de Bruselas responde a una carta remitida por el presidente de Ecologistas en Acción, Bernardo García, informando de la propuesta de resolución de la Consejería de Medio Ambiente que concede una prórroga de 24 meses a partir del 11 de diciembre de 2017, fecha en la que queda prohibida la utilización de la tecnología de mercurio.

En declaraciones a este periódico, responsables de la oficina europea en España señalaron que la Comisión "entiende que la técnica que se utiliza no se puede considerar aceptable ni compatible con la decisión de la Comisión 2013/732/UE de 9 de diciembre que establece las prácticas para la producción de cloro-álcali". Por ello, "todas las autorizaciones tienen que ser actualizadas para cumplir con la normativa como muy tarde el 11 de diciembre de 2017". Y se añade que "no se pueden establecer períodos de transición más allá de esa fecha".

El Gobierno de Cantabria y Solvay sostienen la legalidad de la prórroga porque se trata de un proyecto de adaptación ya en marcha. La vicepresidenta regional y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, se mostró "muy contenta" de la posibilidad que la investigación abierta ofrece para remitir "los informes técnicos, jurídicos y medioambientales" que justifican la medida.