El Gobierno central advierte de que la planta de cloro de Solvay debe parar

En una carta enviada al director general de Medio Ambiente cántabro, Miguel Ángel Palacio, a la que ha tenido acceso este periódico, su homólogo en Madrid le recuerda que «es necesario cumplir» con la normativa europea, por la cual «a partir del 11 de diciembre de 2017, las instalaciones deberán tener revisadas sus autorizaciones ambientales integradas y no podrán seguir funcionando con tecnología de mercurio».

Por ello, resuelve, «será necesario que en la revisión de la autorización ambiental integrada de la planta de cloro, se le autorice el cierre de la instalación de mercurio y el desmantelamiento conforme a lo reflejado en la decisión comunitaria, además de autorizar el nuevo funcionamiento con la nueva tecnología de membrana». Y advierte de que «si a partir del 11 de diciembre próximo, la nueva tecnología no estuviese en condiciones de operatividad, deberá pararse la operación hasta que pueda entrar en servicio esta tecnología».

«Llamo tu atención sobre la necesidad de respetar escrupulosamente estos plazos», indica Cachón en otro de los párrafos de la misiva. Al mismo tiempo, adjunta una respuesta «taxativa» de la Comisión Europea a la Generalitat sobre la imposibilidad de mantener alguna planta con tecnología de mercurio. El Ministerio señala que la Comisión «ha mostrado su preocupación» en el caso concreto de Solvay y ha dirigido una carta al embajador representante perramente de España.

Palacio, en declaraciones a este periódico, aclaró que «la competencia la tenemos nosotros» por lo que el expediente continuará y la advertencia de Madrid se incluirá «como un escrito más». Eso sí, mostró su «sorpresa» por la postura del Gobierno central a favor de las tesis que impiden la prórroga. El director general de Medio Ambiente señaló que la resolución se dictará atendiendo a cuestiones «puramente técnicas y jurídicas».

Pacto

La pretensión del Gobierno regional, tramitando la posible prórroga, «responde al mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo».

Respecto a la petición de CEOE-Cepyme para que las Administraciones firmen un pacto que permita la prórroga a Solvay, Palacio indicó que «no es una cuestión política». La resolución final «estará ajustada a derecho», indicó el director general de Medio Ambiente, que no ocultó que la misiva del Gobierno central ha sido como «un jarro de agua fría a nuestra postura» de mantenimiento de la actividad industrial en un área muy castigada por el paro y la desindustrialización como es el Besaya.

La resolución provisional autorizando la prórroga se ha sometido a información pública. Aunque el plazo ha acabado, se pueden recibir alegaciones vía telemática por lo que en unos días se estudiarán todas las reclamaciones y se adoptará la resolución definitiva. Solvay mantiene que la prórroga es posible porque ya han comenzado los trabajos de modernización.