El traslado de Sibán reabre la guerra industrial entre Cantabria y Euskadi

El Gobierno vasco ha afirmado que la empresa Sibán, que cerrará su planta vizcaína de Zierbena y se instalará en Castro Urdiales, no se ha puesto en contacto ni con el Departamento de Desarrollo Económico ni con la SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial, según han informado fuentes de la consejería de Arantza Tapia. Quién también ha reacionado en las Diputación Foral de Bizkaia que estudia si el cierre de la planta de Ciervana puede ser un caso de deslocalización. Y es que la norma foral vizcaína obliga a las empresas que "deslocalicen" su actividad en el territorio a devolver la totalidad del importe de las ayudas que hubieran podido recibir por parte de la Diputación

Sibán ha comparecido este viernes en Santander para dar a conocer su decisión en rueda de prensa. Los representantes de la compañía han indicado que, antes de dirigirse al Gobierno de Cantabria, mantuvieron negociaciones con otras instituciones de Euskadi, pero "no les atendieron de la forma" en la que, según la empresa, debían, para dar solución a su necesidad de espacio, incrementar su producción e incorporar nuevos productos.

Esta circunstancia reabre la 'guerra industrial' entre Cantabria y el País Vasco, que comenzó con la puesta en marcha por parte del Gobierno cántabro de su política de oferta de suelo industrial a las empresas que se instalen en la región, y que tuvo en la empresa vasca Tubacex su primera protagonista.

El Grupo Peosa se ha acogido al Plan de Comercialización de Suelo Público Industrial de Cantabria, que también ha facilitado la financiación mediante la concesión, a través de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (Sodercán), de un préstamo participativo de 3 millones de euros

Fuentes del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad vasco han indicado que nadie de Sibán o de su grupo matriz se ha dirigido o puesto en contacto.: "Ni el Departamento, ni la SPRI no ha tenido ninguna información, contacto ni nada con esta empresa", han añadido.

La Diputación foral de Vizcaya está estudiando si la decisión de Siban de cerrar su planta de Zierbana y ubicarse en Castro Urdiales es un caso de deslocalización y, en ese caso, poder aplicar la normativa foral en esta materia, que incluye sanciones.

En concreto, la Norma Foral 7/2007 señala que la declaración de deslocalización empresarial conlleva la imposibilidad para las empresas cuya deslocalización haya sido declarada y para sus socios de obtener ayudas otorgadas por la Institución foral durante un período de ocho años.

Asimismo, implica la obligación para las empresas de proceder al reintegro de las cantidades percibidas en los ocho años anteriores a la declaración, junto con el interés de demora correspondiente desde el momento de la recepción de cada una de ellas.