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María Ángeles Samperio Martín
Viernes, 17 de abril 2015, 08:19
Empresa y comité de Sniace han decidido, en la reunión mantenida ayer en Burgos, presentar una solicitud ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para que se retrase la vista de los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que consideró legal el despido de los 533 trabajadores de la plantilla y no se celebre el 13 de mayo como estaba previsto. La razón que aducirán es que no hay tiempo material para convocar la Junta Extraordinaria de Accionistas que debe aprobar la ampliación de capital. Los 18 millones que la empresa contempla obtener en esta operación son necesarios para abordar el coste del plan laboral y del Plan de Viabilidad aprobado por la Junta de Acreedores.
La vista en el Supremo es clave para el futuro de Sniace, ya que el plan laboral contempla la reversión de los despidos y su transformación en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en base a un proceso novedoso que hasta ahora no se había aplicado en España. Lo que se persigue es presentar en la Sala de lo Social antes de celebrar la vista un documento que incluya la ampliación de capital, el plan laboral, la adhesión a él de la práctica totalidad de los trabajadores y el acuerdo de la Junta de Acreedores, y permita a los jueces abordar la posibilidad de aparcar el recurso y aceptar la reversión de los despidos y la reintegración de parte de la plantilla de Sniace en los términos aprobados por la mayoría de los trabajadores en octubre de 2014.
Empresa y comité se han visto sorprendidos por la rapidez del Tribunal Supremo en fijar la fecha para la vista el 13 de mayo, ya que no deja plazo material legal para acometer todos estos trámites.
A la reunión celebrada en la tarde de ayer asistieron por parte de Sniace, su presidente, Blas Mezquita, acompañado por el abogado que está llevando el ERE, Alberto Novoa, y el responsable de Recursos Humanos, José Manuel Colio. No estuvo presente Miguel Gómez de Liaño, consejero encargado de coordinar la parte jurídica de la empresa.
Mezquita insistió en la reunión en la importancia de poner en marcha el acuerdo laboral, para lo que es necesario la aceptación del mismo por parte del Juzgado de lo Mercantil, pero también la convocatoria de la Junta General de Accionistas de Sniace, que tiene que hacerse en tiempo y forma. Además, todos los pasos tienen que cumplir con su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La complejidad del proceso y los trámites legales de cada uno de los pasos retrasará aún más la posible reapertura de las fábricas. Otro factor a considerar es que, según fuentes del Gobierno cántabro, la empresa aun no ha solicitado una reunión formal para abordar la necesaria negociación sobre su pretensión de que el Ejecutivo regional aporte seis millones de euros en fondos públicos en la ampliación de capital. El retraso puede hacer que la operación se plantee en plena campaña electoral o, en el peor de los casos, tenga que esperar a que esté formado el nuevo Gobierno regional que salga de las elecciones.
El encuentro de ayer se celebró cuando el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid está a punto de dar a conocer el pronunciamiento definitivo, tras analizar las últimas alegaciones presentadas, sobre el acuerdo de convenio inicialmente aprobado por mayoría y propuesto por la dirección de Sniace a los acreedores dentro de la tramitación del concurso.
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