El Parlamento reclama la readmisión de los trabajadores despedidos en Tragsa

Además, insta al Gobierno a dirigirse al Ejecutivo central para conseguir la readmisión de los trabajadores despedidos y conseguir que la empresa pública abra una negociación para plantear un plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y el empleo en Tragsa.

El debate ha sido seguido desde el hemiciclo por una representación de los trabajadores de Tragsa, que han secundado una concentración a la puerta del Parlamento desde el inicio del pleno.

Los cinco grupos parlamentarios con representación en el Parlamento han votado a favor de este iniciativa, presentada por el PSOE, si bien el PP ha opinado que está mal planteada, llega tarde y es partidista y un ejemplo de "cinismo político", según ha dicho el diputado del PP Luis Carlos Albalá.

Noelia Landeras, representante del comité de empresa de Tragsa en Cantabria ha recalcado que los trabajadores vigilarán todo el proceso hasta que se logre el objetivo de la readmisión, sin cerrar las puertas a la opción de movilizaciones en Cantabria y en toda España "porque queremos que lo que hoy se va a hacer en el Parlamento de Cantabria se haga en el Congreso de los Diputados".

La empresa pública Tragsa presentó en septiembre de 2013 un ERE para despedir a 1.336 trabajadores amparándose en la Reforma Laboral aprobada en 2012, que permite un despido colectivo cuando se encadenan tres trimestres consecutivos de caídas de ingresos.

El proceso acabó sin pacto con los sindicatos el 29 de noviembre de ese año y la empresa siguió adelante con los despidos de los trabajadores, personas con una media de edad de 50 años que recibieron una indemnización de 20 días por año trabajadores, hasta que el ERE fue anulado por la Audiencia Nacional, en abril de 2014. Un año y medio después, en noviembre de 2015, el Tribunal Supremo lo autorizó, por lo que la sociedad pública reactivó el expediente y empezó a ejecutarlo en Navidades, con el despido de seis trabajadores en Cantabria.

El diputado del PSOE Guillermo del Corral, quien ha defendido la iniciativa en el pleno, ha asegurado que este ERE es el paradigma de lo que perseguía la Reforma Laboral del PP: aumentar el beneficio empresarial a costa de abaratar el despido, un argumento que comparte Podemos.

Según este parlamentario, la situación de Tragsa ya no es la misma que en 2013, porque para el año 2016 prevé un beneficio de 3,5 millones de euros. Además, ha denunciado, los trabajadores despedidos están siendo sustituidos por personal eventual.

El perfil de los trabajadores despedidos en Cantabria hace, a su juicio, que la decisión de esta empresa sea "todavía más injustificable".

Se trata de una mujer con una reducción de jornada por el cuidado de un hijo; de un oficial de albañil con más de 15 años de experiencia que tenía que ser reforzado por la carga de trabajo que soportaba; un veterinario de apoyo a la Oficina de Calidad Alimentaria; un ingeniero técnico forestal con experiencia en la extinción de incendios, y dos peones que pospusieron sus vacaciones en Navidades para luchar contra los incendios que azotaron la región en la segunda quincena de diciembre.

El regionalista José Miguel Fernández Viadero ha asegurado que esta iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno y del PRC, un partido para el que es de suma importancia el mantenimiento del empleo como elemento vertebrador de la economía.

El diputado de Podemos José Ramón Blanco se ha puesto a disposición de los trabajadores en el Parlamento, en el Congreso y, por supuesto, en la calle, y ha asegurado que el Gobierno del cambio derogará la reforma laboral del PP y la que aprobó el Ejecutivo del PSOE en 2010.

Rubén Gómez, de Ciudadanos, ha dicho que su formación siempre ha apostado por la estabilidad en el empleo en las empresas públicas.