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Miguel Ángel Pérez Jorrín
Miércoles, 29 de junio 2016, 20:34
El largo camino procesal de la crisis de Sniace cerró ayer otro capítulo, que no será el último, con la ratificación ante la secretaría del Tribunal Supremo por parte de la dirección de la compañía y de la mayoría del comité de empresa del acuerdo laboral que abre la puerta a la vuelta a la actividad de la fábrica de Torrelavega, paralizada desde septiembre de 2013.
El acuerdo, que fue inicialmente firmado en Santander el pasado 3 de junio, establece la aceptación por parte de los trabajadores de la validez de 440 despidos de la plantilla, la suspensión, con efectos de septiembre de 2013, del despido de 52 trabajadores que irán siendo prejubilados a medida de que cumplan los años, y la paulatina recontratación de los trabajadores despedidos una vez que la vuelta a la actividad de las fábricas haga necesario su concurso.
El documento fue ratificado por la dirección de Sniace y por los sindicatos UGT, CC OO y SU, la mayoría del comité que en su día lo firmó. USO, que no lo aprueba, indicó ante el Supremo que pese a no firmarlo y no estar conforme con su contenido no se muestra contrario a su aplicación. El plan laboral rubricado podría ser visto por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su próxima reunión del día 6 de julio y dictar seguidamente sentencia, un paso necesario para iniciar las primeras contrataciones y poner en marcha la fábrica tras los necesarios trabajos de reparación y mantenimiento. La empresa quiereabordar en el mismo mes de julio estos trabajos, para comenzar la producción de celulosa a finales de septiembre o principios de octubre. La reapertura de Viscocel se retrasa hasta una fecha no concretada de 2017.
Clarificación
temas de la junta de accionistas
La Junta General de Accionistas de Sniace que se celebra mañana en Madrid abordará entre sus principales puntos del orden del día la propuesta de un aumento en la remuneración del consejo de administración que implicará la subida de las dietas para los consejeros no ejecutivos. Además, se añade una retribución variable para el presidente, Blas Mezquita, en función de los «resultados operativos antes de impuestos» que alcance la compañía.
Sólo queda al margen de esta subida el principal accionista, Félix Revuelta, consejero dominical (en función de sus acciones), que renunció a cobrar por su presencia en el consejo en junio de 2015.
Precisamente otros dos de los principales puntos a tratar fueron propuestos por Revuelta y su sociedad Kiluva una vez que el consejo de administración ya había comunicado el orden del día a los accionistas y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El principal accionista de Sniace propone el nombramiento como consejero independiente del exconsejero delegado de Inditex, José María Castellano. Además, en un movimiento similar, el grupo de electrónica TSK, reclama el nombramiento como consejero dominical (de forma directa o a través de un representante) de su presidente, Sabino García Vallina. Tanto Kiluva como TSK solicitan estas incorporaciones al orden del día en virtud de su perfil de accionistas con una participación superior al 3% de Sniace.
La sociedad de inversión de Revuelta, presidente de Naturhouse, también ha pedido que se someta al visto bueno de los accionistas la concesión al consejo de administración de la facultad para ampliar capital en la cuantía que estime oportuna en el plazo de cinco años.
Entre los puntos del orden del día figura también la aprobación de una operación de «contra-split» o agrupación de títulos de forma que el capital social pase a ser de 25.997.389 acciones de 0,90 euros de valor nominal cada, en vez de los 0,10 céntimos actuales,
El canje de las acciones a emitir se llevará a cabo en una proporción de un título nuevo por cada nueve preexistentes, según se acordó el 30 de junio de 2015. Con ello, se reduce el número de acciones en el mercado.
Más allá de su no acuerdo con el plan, las reticencias de USO, que quedaron plasmadas en el acta levantado por la secretaria del Tribunal Supremo, buscan clarificar «quién, cuándo y cómo se van a pagar las indemnizaciones a los trabajadores que sean finalmente despedidos» tras la ratificación del acuerdo por el Supremo. USO reclama que, ya que el alto tribunal va a validar los despidos y el plan, también entre en esta consideración y lo pide ante el desacuerdo existente sobre el agente pagador de estas indemnizaciones que, en el mejor de los casos, se elevan a 4 millones de euros.
USO criticó ayer que «durante el acto de comparecencia, ni el representante de la empresa, Alberto Novoa, ni el representante de la Administración Concursal, Pedro Juan Vilella, respondieran sobre quien va a pagar las indemnizaciones ni cuándo. Por parte del representante de la mayoría del comité tampoco se exigió que constase en el acuerdo el método de pago que clarifique la más que sospechosa ambigüedad».
El sindicato cree que la empresa quiere que las abone el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pero duda de la legalidad de este extremo y sostiene que Sniace, tras superar el concurso de acreedores y después de haber recaudado 15 millones de euros en una ampliación de capital, no puede pedir que sea el Fogasa, que está para cubrir las indemnizaciones de compañías quebradas o en concurso, quien se haga cargo de estos pagos.
Además, USO mantiene vivo en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid un incidente concursal sobre la cuantía de estas indemnizaciones. De momento, están reconocidos en el convenio de acreedores y como deuda privilegiada 15.487 euros por trabajador, pero USO reclama 27.102 euros.
"Churras y merinas"
El secretario del comité de empresa, Antonio Pérez Portilla, consideró que con este escrito y con el litigio ante el Juzgado de lo Mercantil, USO está «mezclando churras con merinas» y aseguró que la ratificación del acuerdo ante el Supremo que se ha producido «sin problemas ni matices».
«Aunque USO no suscribe el plan laboral y no ratifica su contenido no se oponen al mismo», resumió Portilla, que cree que esta postura no va a tener consecuencias, porque «en la práctica nadie se ha opuesto» al acuerdo laboral. El portavoz del comité indicó que espera que tras la ratificación del acuerdo se dicte sentencia, no se interpongan recursos y no haya «ningún problema desde el punto de vista legal» para arrancar Sniace.
Sobre el pago de las indemnizaciones, la sección sindical de UGT de Sniace indicó ayer en su página web que «en el acuerdo está claro como se pagará la deuda privilegiada, en un periodo de cinco años y según lo fijado por la Administración Concursal».
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