"Los trabajadores somos los principales paganos de Ecomasa", lamenta Gómez

Los administradores concursales piden en el informe final al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander la inhabilitación de los propietarios de Ecomasa, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León, a los que reclaman 2,3 millones de euros por daños y perjuicios.

Gómez explicó que buena parte de los argumentos que han esgrimido los administradores concursales para estimar que el proceso merece la inhabilitación de los propietarios coincide con lo que han planteado los trabajadores en su propia querella. En este sentido, su abogada, Teresa Ortiz, indicó ayer a EL DIARIO que ha solicitado al fiscal que incluya en la querella el informe de los concursales porque «en buena medida muchas de las valoraciones son coincidentes». Confía en que por la vía de lo penal, que juzga si hubo delito societario, se dicte una sentencia favorable para los trabajadores.

La plantilla de Ecomasa sólo recibió el 18% de las indemnizaciones que le correspondían y tampoco se ha visto beneficiada por la recolocación, «a lao que se había comprometido el Gobierno de Cantabria», recuerda Gómez. En muchos casos la situación es desesperada: no se cobra ninguna prestación (se fue gastando con los ERE) y no hay perspectivas de contratación, salvo para dos trabajadores han sido seleccionados por Santander Coated Solutions para la fábrica del puerto.

En el escrito de la administración del concurso de Ecomasa se pide la inhabilitación de Lavín y De León para administrar bienes ajenos por cinco años y ocho años, respectivamente, ya que les considera «personas afectadas» por la calificación de culpabilidad del concurso por haber sido los gestores de la empresa, pero también solicita que se declare «cómplices» a dos mercantiles que participaron del accionariado (Ecomasa de Inversiones II S.L. y Comercial e Industrial NM Chile S.L.).

En el informe se desgranan las actuaciones de los dos empresarios y como, desde la creación de Ecomasa-EWI y entre 2012 a junio de 2015, ésta recibe «cuantiosas» ayudas públicas desde organismos del Gobierno de Cantabria -presidido entonces por el PP y dinero de la empresa Teka, correspondiente a las indemnizaciones de los trabajadores que iba a recolocar en su fábrica. En total, según el administrador, 21 millones de euros. Pero el administrador indica que, a su vez, la empresa concedió «importantes» préstamos financieros a otras empresas del grupo de Lavín y De León con fábricas de Bélgica, Chile y Barcelona. El importe total de los préstamos ascendió a 5.729.470 euros de los cuales sólo se han recobrado 873.122 euros.

Por su parte, la administración concursal reclama a los propietarios indemnizar a la empresa en 1,8 millones por la compra fraudulenta de la marca Sommetfire y en 290.939 euros por las participaciones en Chimeneas Barcelona.