Solvay tramita una moratoria para ajustar a la normativa europea su producción de cloro

El problema es que la decisión del Ejecutivo cántabro parece contradecir la normativa europea y, por tanto, también la española. Según Ecologistas en Acción, más rotundos, de seguir adelante con su decisión, la Administración regional estaría prevaricando.

Respuesta contundente

Una respuesta de la Comisión Europea a la Generalitat de Cataluña, que este mismo año sondeó la posibilidad de ampliar el plazo a las empresas del sector radicadas en su territorio y en idéntica situación que Solvay, podría ser la clave. En el escrito remitido por Bruselas se indica claramente que la tecnología de celdas de mercurio empleada para la producción de cloro-álcali, no puede ser objeto de excepción alguna, de forma que "las autoridades competentes deben garantizar que tales técnicas han dejado de utilizarse", como muy tarde, el 11 de diciembre de 2017. Esta contestación ya fue esgrimida ante la Xunta de Galicia por Ercros, otra de las firmas dedicada a la producción de cloro en España, para disuadirle de conceder más tiempo a sus competidoras gallegas. "Se estaría dictando conscientemente una resolución contraria a la legislación vigente, injusta, arbitraria y contraria a Derecho", dice, y amenaza con ejercitar "cuantas acciones pone a nuestra disposición el ordenamiento jurídico en orden a combatir su manifiesta ilegalidad".

"La resolución cuenta con informes favorables de los servicios técnicos", argumenta Miguel Ángel Palacio, director general de Medio Ambiente, quien reconoce el esfuerzo de Solvay para mantener su producción de cloro de acuerdo a las exigencias europeas. "Hay que sustituir una fabricación por otra sin dejar de producir, para que la empresa no pierda mercado y el empleo continúe. No se puede hacer de otra manera".

Tal y como se indica en el documento de Medio Ambiente, la prórroga de 24 meses solicitada por la empresa corresponde al "periodo indispensable de conversión, hasta que esté operativa la nueva instalación". Según los informes jurídicos solicitados por este departamento, se reconoce la imposibilidad de cumplir el plazo que expira en diciembre ya que "la adquisición de componentes y elementos para la puesta en marcha de la nueva planta (...) requiere una espera de varios meses debido a que se trata de un mercado con pocos productores". Además se hace hincapié en que para obtener la financiación necesaria para esta adaptación es preciso contar con las autorizaciones administrativas pertinentes, algunas de las cuales se encuentran aún en tramitación.

"El Gobierno de Cantabria está tramitando el procedimiento conforme a los plazos legales, con lo que esperamos que se dicte una resolución definitiva en las próximas semanas", señala Luis Hervella, jefe de Recursos Humanos y Comunicación de Solvay Torrelavega. "La propuesta está perfectamente ajustada a Derecho y además puede significar la realización de una importante inversión industrial en Cantabria, tan importante en estos tiempos". Tal y como explica Hervella, la propuesta de resolución es "un trámite más dentro del proceso administrativo para la concesión de la autorización ambiental para hacer la conversión a la tecnología de membrana que requiere la normativa europea".

Prevaricación

Bernardo García, de Ecologistas en Acción, juzga de forma muy diferente la situación. "Hay una imprevisión clara por parte de Solvay, una falta de apuesta por el proyecto industrial y una connivencia de la Administración de Cantabria, que está sorteando la legalidad con la idea de darle una prórroga que no se ajusta a Derecho de ninguna manera. A la Comisión Europea se le ha hecho una pregunta específica y ha respondido clara y nítidamente. No hay lugar a interpretaciones, esta vez les han cortado el paso: solo hay una posibilidad, que prevariquen, y entonces habrá responsabilidades penales".

García recuerda que la tecnología que emplea Solvay "está cuestionada desde hace no menos de quince años. En 2006, antes de la crisis, ya instamos a que se acometiese esta reconversión si querían hacer una apuesta de futuro, porque, de no hacerl, abocaban a poner en grave situación a la empresa. Se lo dijimos al Gobierno y a Solvay en un momento óptimo, pero no quisieron y siguieron apostando por lo mismo".