El TSJC declara nulo el despido de un sindicalista de USO en la GSW

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado el recurso de Global Steel Wire (GSW) contra la sentencia que declaró nulo el despido de un sindicalista, condenando a la empresa a la readmisión inmediata y al pago de una indemnización de 9.000 euros en concepto de indemnización por vulneración de derechos de libertad sindical. Además el TSJC condena en costas a GSW. La compañía está pensando recurrir esta decisión, según ha podido saber este periódico.

El TSJC ha ratificado punto por punto, la sentencia del Juzgado Nº5 de Santander, que calificó de «voluntad represiva» la actuación de GSW y que lo que perseguía con el «despido fulminante del sindicalista era atemorizar a la plantilla, para evitar la constitución del sindicato USO en la planta de Grupo Celsa en Cantabria».

Para el sindicato USO, esta nueva sentencia del TSJC pone en evidencia que «la dirección de GSW ha actuado con prácticas de coacción y de opresión contra los trabajadores, vulnerando sus derechos constitucionales».

El sindicato también señala a la directora de Recursos Humanos, Rosa Castrillo, inspectora de Trabajo en excedencia y exdirectora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, como «promotora e instigadora de la represión sindical». Por ello, el sindicato iniciará las acciones oportunas para que responda sobre su actuación tanto ante la Dirección General de Trabajo, como ante la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en Cantabria.

Por otro lado, la resolución judicial «deja de nuevo en evidencia al Gobierno cántabro, que lejos de exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores a las empresas que subvenciona con dinero público – 15,5 millones la última ayuda a GSW- mira para otro lado mientras se reprime a trabajadores sindicalistas».

En las próximas semanas se celebrará el juicio del otro sindicalista despedido, delegado sindical de USO en la empresa. «Sería buen momento para que Revilla se reuniera de nuevo, como hizo a comienzos de febrero, con el director de la planta, el Sr. Javier Echávarri, para trasladarle que el compromiso de colaboración del Gobierno para mantener la actividad y el empleo anunciado en esa reunión, no sólo no se está cumpliendo, sino que se están produciendo prácticas empresariales que deberían de estar totalmente erradicadas de una sociedad democrática como la nuestra», señala USO.