El Gobierno deniega la prórroga a Solvay para adaptar la planta de cloro

La decisión anunciada este martes, tras una larga y a veces tortuosa tramitación que ha durado 14 meses, supone que Solvay deberá cesar la producción de cloro con la actual tecnología de celdas de mercurio (considerada altamente contaminante por la UE) el próximo 11 de diciembre. Cuarenta puestos de trabajo directos y otros 60 indirectos están en el aire, a la espera de que la multinacional belga tome una decisión. Y también está afectado el propio proceso de venta de la planta de cloro a la multinacional portuguesa CUF, que es la que iba a abordar la inversión de 50 millones de euros necesaria para transformar la tecnología de mercurio a la de membranas, menos contaminante. El compromiso de compra de la planta de Barreda, aún no cerrado, incluía la prórroga para que la producción de cloro no se suspendiera durante el proceso de transformación, de una duración estimada de 18 meses.

La dirección de Solvay ha comunicado al comité de empresa que antes del 4 de octubre mantendrá una reunión con la empresa portuguesa para decidir el paso a seguir con dos escenarios básicos: mantener el proyecto y la inversión para cambiar la tecnología o desistir de ello y cerrar definitivamente la planta de cloro.

Durante su comparecencia, Palacio trazó el agitado trámite de la solicitud de Solvay, presentada el 29 de julio de 2016 y que ha acumulado informes contradictorios, y no ocultó que la intención del Gobierno desde el primer momento había sido acceder a la petición de Solvay «para mantener 100 puestos de trabajo en una comarca, la del Besaya, que no está sobrada de ellos; para facilitar una inversión de 50 millones y cambiar a una tecnología más limpia».

La asesoría jurídica de la consejería de Medio Ambiente emitió en un primer momento dos informes jurídicos favorables a la prórroga «basándose en el 'considerando 22' de la Directiva Europea de Emisiones Industriales, que establecía que en casos específicos en que la revisión y actualización del permiso ponga en evidencia que para introducir nuevas mejoras técnicas hace falta un periodo más prolongado de tiempo, las autoridades competentes podrán fijar un plazo más amplio».

Esta decisión inicial, muy controvertida y contestada por numerosas alegaciones, desde grupos ecologistas hasta la compañía Ercros que había abordado el cambio de tecnología, aconsejó, según Palacio, «solicitar un informe a la dirección general del servicio jurídico del Gobierno». Y es cuando los informes positivos tornaron en negativos. Los servicios jurídicos del Gobierno rechazaron los argumentos de Medio Ambiente y establecieron que no cabe la ampliación del plazo solicitado.

«Estiman que el 'considerando 22' está en la parte expositiva de la directiva europea, pero no en el articulado de la directiva por lo que no da lugar tenerlo en cuenta», indica Palacio. Y este argumento se repitió en un segundo informe del 11 de agosto, en el que también se rechazaron los precedentes de otras ampliaciones emitidas por Gobiernos europeos para empresas similares. El argumento para ello es que esas autorizaciones fueron concedidas antes de la entrada en vigor del reglamento, publicado el 17 de mayo de 2018 y efectivo 20 días después.

Palacio aludió también a esos precedentes y en especial a uno, desvelado por El Diario, de una planta sueca. «Lo vimos en el periódico, indicó Palacio, pero Solvay no ha podido entregar la documentación completa de ese asunto. Al parecer, hay administraciones que no son tan transparentes como la cántabra y no facilitan documentación», sostuvo el director general de Medio Ambiente.

Palacio lamentó que la decisión adoptada, «claramente en contra de nuestra voluntad, pero obligada por el respeto a la ley que debe tener una Administración» pueda tener efectos sobre el empleo y la industria de Torrelavega: «Ojalá Solvay y la empresa portuguesa CUF tiren para adelante y sea una parada temporal».