Los informes jurídicos del Gobierno advierten de que no puede conceder una prórroga a Solvay

l informe jurídico, aunque consultivo, obligará al Ejecutivo a actuar conforme a Derecho y a resolver en contra la concesión de la moratoria, lo que coloca a la fábrica de Torrelavega ante un escenario complicado que podría afectar a los 40 trabajadores que operan directamente en la producción de cloro y a otros 60 más indirectamente afectados.

El Ejecutivo todavía no ha firmado la resolución, pero la decisión está tomada en línea con las conclusiones jurídicas emitidas, según ha podido saber este periódico, y los directivos de la empresa la conocen de manera oficiosa.

El próximo lunes, día 11, está previsto un encuentro al más alto nivel entre miembros del Gobierno, con el presidente Miguel Ángel Revilla a la cabeza, y los responsables de Solvay, reunión que fue aplazada en dos ocasiones. En ella, el Ejecutivo oficializará su acuerdo contrario a la moratoria y la empresa trasladará su postura al respecto. No es descartable que el expediente termine en el Juzgado.

La imposibilidad de ampliar el plazo para que Solvay sustituya en su proceso productivo la antigua tecnología de mercurio por la de membranas para prevenir la contaminación sitúa a la planta en una encrucijada. La multinacional portuguesa CUF compró a Solvay la planta de cloro a finales del año pasado pero supeditó la operación y las futuras inversiones, superiores a los 50 millones de euros, a obtener la autorización para poder funcionar dos años más con la tecnología de mercurio. Por eso, ahora la incógnita a despejar es si la química portuguesa mantendrá sus compromisos.

El conflicto tiene su origen en las normativas europeas que fuerzan a las empresas españolas del sector del cloro a prevenir la contaminación. La Directiva sobre Emisiones Industriales de la Unión Europea, dictada en 2010, obligó a todas estas empresas a sustituir la tecnología de mercurio por la tecnología de membranas, todo ello antes del 11 de diciembre de este año. Los fábricantes de cloro europeos habían tenido un tiempo de adaptación de cuatro años.

Sin embargo, Solvay, que ya había llegado a un acuerdo con la multinacional portuguesa para vender la planta, solicitó a la Consejería de Medio Ambiente autorización para retrasar ese proceso de reconversión, y de esta manera cumplir las condiciones establecidas por los lusos.

El pasado 28 de abril, Medio Ambiente accedió a la prórroga, una resolución basada en el informe de la asesoría jurídica de la Consejería. Esa decisión soliviantó a las empresas competidoras, que sí habían hecho las inversiones de mejora a su debido tiempo y que se sintieron agraviadas, y también a los ecologistas. Todos ellos presentaron una batería de alegaciones a la resolución provisional de Medio Ambiente.

Las empresas rivales, entre las que se encuentra la potente Ercros, advirtieron al Gobierno de Cantabria que vulneraría la ley si autorizaba la moratoria, al considerar que el plazo legal es «improrrogable e idéntico para todos los fabricantes europeos», y avisaban de que ejercitarían acciones «para combatir la ilegalidad». Los ecologistas previnieron al Ejecutivo cántabro de las «responsabilidades» penales que conllevaría mantener esa autorización.

Solvay, por su parte, alegó que la Directiva Europea contempla excepciones, entre las que se encuentra su caso, y que otras plantas de cloro en Europa han obtenido la concesión de la prórroga para acometer la conversión de las instalaciones.

Además, argumentó que aún no había obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes y que durante el período transitorio de conversión y adaptación es necesario mantener activas las instalaciones para evitar la regulación temporal de empleo y el deterioro en los equipos que habrán de reutilizarse con la nueva tecnología de membrana. Pero las competidoras afearon a la empresa belga de Torrelavega que no hubiera reestructurado con la antelación suficiente las instalaciones, como han hecho otros fabricantes afectados.

La complejidad jurídica de la cuestión, y la convicción de que el caso terminaría en los tribunales, llevó a Medio Ambiente a solicitar a la Dirección General del Servicio Jurídico su parecer sobre la posibilidad de ampliar el plazo para sustituir la vieja tecnología de mercurio.

El informe, emitido el 20 de julio, fue concluyente: la moratoria no tiene encaje legal ni en la normativa europea ni en la legislación básica estatal. Tanto Medio Ambiente como la empresa Solvay habían apoyado la prórroga del proceso actual con tecnología de mercurio en el Considerando 22 de la Directiva de Emisiones Industriales. Este epígrafe contempla la posibilidad de prolongar el plazo del permiso para introducir nuevas mejoras técnicas disponibles.

Sin embargo, los letrados del Gobierno sostienen que ese considerando «no tiene reflejo alguno en la normativa de la directiva europea», por lo que «carece de efectos jurídicos vinculantes». Pero es que además esa previsión tampoco está recogida en la legislación básica estatal (Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación), que «fija taxativamente las excepciones para revisiones de la autorización ambiental integrada».

Medio Ambiente acusó el golpe, pero no se dio por vencida. A mediados de agosto, el departamento que dirige la consejera Eva Díaz Tezanos solicitó a la Dirección Juridica del Gobierno una ampliación del informe sobre la dispensa temporal a Solvay para producir cloro con la nueva tecnología. Para entonces, el asunto había provocado ya una fuerte controversia dentro del Gobierno, según han reconocido a este periódico fuentes del Ejecutivo, ya que ni los propios técnicos se habían puesto de acuerdo sobre una cuestión tan compleja. Y, sobre todo, porque la decisión afecta a los 40 empleados de la planta de cloro, además de a otros 15 trabajos indirectos.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno no enmendaron sus conclusiones previas y el pasado 25 de agosto firmaron un segundo informe, ampliatorio del primero, pero en el mismo sentido contrario a la moratoria. En esta segunda ocasión, destacan que la Comisión Europea, en respuesta a sendas consultas realizada por la Generalitat y la Xunta de Galicia sobre la aplicación del Considerando 22 ratificó que las celdas de mercurio «no pueden ser consideradas como la mejor tecnología disponible bajo ninguna circunstancia» y que las autoridades «deben garantizar que tales técnicas han dejado de utilizarse» a fecha 11 de diciembre de 2017.

Las directivas comunitarias permiten excepcionalmente a las empresas invocar una superación de los valores límite de emisión para determinados contaminantes, pero éstos deben estar asociados al empleo de las mejores tecnologías posibles».