Suecia autorizó una prórroga similar a la que demanda Solvay al Gobierno

El pronunciamiento de la administración sueca está fechado el pasado 24 de mayo, una semana después de la aprobación del Reglamento de la Unión Europea (UE) 2017/852 que prohíbe taxativamente el uso de mercurio en la industria del cloro y establece su sustitución por la tecnología de membranas.

Los servicios jurídicos del Gobierno estudian toda la documentación que rodea este caso para dictar un nuevo informe, que sería el tercero, sobre si existe capacidad legal para conceder la prórroga que solicita Solvay para extender la producción con mercurio 24 meses más.

El partido que juega Solvay en el terreno de la Administración regional se ha saldado hasta ahora con un 0-2 en contra de la multinacional belga radicada en Barreda. La Dirección Jurídica del Gobierno ha emitido hasta dos informes contrarios a que Solvay pueda seguir utilizando mercurio, altamente contaminante, para producir cloro durante 24 meses más, desafiando así a la Unión Europea, que ha obligado a acabar con esta práctica a más tardar el próximo 11 de diciembre. Ambos estudios jurídicos atan de pies y manos a la Consejería de Medio Ambiente a la hora de conceder una prórroga. La decisión es compleja jurídicamente y el Ejecutivo cántabro pretender obtener todos los informes necesarios antes de pronunciarse, a sabiendas de que el asunto terminará en los tribunales, porque la mayoría de las empresas que integran el sector de la producción de cloro-alcalí en España, competidoras de Solvay, han advertido de que combatirán en los tribunales una posible moratoria a la fábrica de barreda.

Pero, además, de la decisión que tome el Gobierno dependen los 40 trabajadores que operan directamente en la producción de cloro y otros 60 empleos indirectos. Y no sólo eso, la prórroga es también requisitivo ineludible para que la multinacional portuguesa CUF mantenga su compromiso de compra sobre la planta de cloro y las futuras inversiones, superiores a los 50 millones de euros.

En un último intento de revertir los informes jurídicos, la semana pasada Solvay puso sobre la mesa del Gobierno la prórroga concedida por Suecia a la empresa Inovyn, inmersa también en el proceso de conversión en la fábrica de Stenungsund, tal y como adelantó este periódico. Pretendía probar que otro estado miembro de la UE había otorgado una moratoria como la que reclamaba Solvay. En anteriores ocasiones la empresa de Barreda había invocado hasta cinco casos en que Bélgica, Alemania, Francia e Italia habían aplicado excepciones a la tecnología de mercurio. Pero los servicios jurídicos los rechazaron porque esas autorizaciones no se habían dictado bajo el marco normativo actual, es decir, eran anteriores al Reglamento comunitario del mercurio del 17 de mayo.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el pasado 3 de mayo Inovyn Suecia solicitó a la administración del país escandinavo que quedara exenta de la prohibición del uso de mercurio hasta el 13 de mayo del año próximo. Para ello alegó que la nueva planta basada en técnicas de membrana no estará lista para el 11 de diciembre, fecha límite fijada por la UE. Además se comprometía a establecer «rutinas estrictas y amplias para asegurar el medioambiente», a la vez que subrayaba la importancia de que «no se produzca escasez de la materia prima en los sectores dentro de la empresa y para otras industrias del sector».

Días después, el 24 de mayo, la Agencia sueca contestó que «existen razones especiales» para dar la moratoria. A su juicio, «cerrar la planta actual e importar la materia prima necesaria para la terminación de la nueva» no está «en proporción razonable a los riesgos que tal alternativa significaría». Además, «una prolongación de cinco meses» en la producción con mercurio «significará que continuarán los mismos riesgos para el medioambiente que hasta ahora».