Suspendida la audiencia de apelación de Leopoldo López

El Tribunal de Apelaciones que lleva el caso, ha señalado Gutiérrez, ha suspendido la audiencia prevista para hoy sin precisar una nueva fecha para la celebración de esa vista de juicio.

La suspensión de la audiencia coincide con la visita del exministro español de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y el abogado español Javier Cremades, que llegaron ayer a Caracas para asesorar al equipo de defensa de López. Gallardón ha reaccionado a la suspensión de la audiencia de apelación afirmando que a López se le niega el derecho de asistencia jurídica. "A lo que hemos venido es a intentar contribuir a que se haga justicia con una persona injustamente condenada, injustamente retenida y a la que, además, se le están negando los más elementales derechos de asistencia jurídica", ha manifestado a las puertas del Palacio de Justicia venezolano.

Gallardón ha indicado que, pese a que la audiencia de López se ha suspendido hoy, volverá a Venezuela cuando se vuelva a fijar la fecha. "Volveremos, estaremos allí donde nos diga Juan Carlos (Gutiérrez, abogado de López)", ha afirmado.

A su juicio, lo que le están haciendo a Leopoldo López es algo propio de los gobiernos que reprimen sólo para "conservar sus privilegios". "Leopoldo López es ahorita la causa por la que todos los juristas del mundo, y me atrevo a decir que todas las personas de bien, deberían estar comprometidas a luchar", ha agregado.

Liberación de los presos políticos

Gallardón ha señalado que en ninguna parte del mundo se puede hablar de un estado de derecho, "ni muchísimo menos de una democracia", cuando se priva de los derechos fundamentales a una persona. En ese sentido, ha hecho un llamamiento a las autoridades de Venezuela para que hagan una "recapacitación urgente", porque "no puede haber en el siglo XXI presos políticos".

El exministro español ha sido enfático en que la ayuda que ofrece al opositor venezolano es la misma que ofrecería a cualquier equipo de abogados que defienda a una persona a la que se le violen sus derechos.

Por su parte, Lilian Tintori, esposa de López, ha indicado que la visita de los juristas españoles es una muestra de que los "líderes del mundo" quieren la libertad de su esposo. "Ojalá todos los esfuerzos que están haciendo los líderes de la Unidad, los líderes del mundo, los entes internacionales, ojalá sumen a que esta semana sea la semana histórica para las Américas, esperamos que la OEA sea solidaria con el pueblo venezolano", ha manifestado.

Tintori ha recordado que "Venezuela pide la libertad de Leopoldo López, la OEA pide la libertad de Leopoldo López, la Unión Europea, la Comisión Interamericana, la ONU y todos los entes internacionales que conocen este caso y que lucharán hasta el final con nosotros para lograr la libertad".

Vulneración de derechos

Por su parte Gutiérrez, consultado sobre la vinculación que pudiera tener la llegada del exministro y del abogado español a la capital venezolana con la suspensión de la audiencia, ha indicado que "se han producido delaciones indebidas, pero más allá de eso se ha producido una vulneración sistemática de otros derechos vinculados al debido proceso".

El abogado ha reiterado nuevamente sus denuncias sobre el proceso que se lleva contra López, "un proceso judicial que nunca debe producirse dentro de un sistema que se considere democrático". "El sistema de Justicia venezolano tiene que darle la cara al mundo y tiene que proceder de manera absolutamente independiente, de manera autónoma, de manera imparcial", ha apuntado el abogado que encabeza el equipo que defiende a López desde hace más de dos año.

A juicio del letrado, "una simple lectura de las actas del expediente, en una simple revisión de las evidencias presentadas en el juicio, tendría que ser dictada por la Corte de Apelaciones la sentencia absolutoria de Leopoldo".

López cumple la pena en una prisión militar por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio con relación a los hechos violentos, que dejaron tres muertos, registrados el 12 de febrero de 2014, al final de una marcha que es considerada el aldabonazo de las protestas de ese año.

El líder opositor se entregó a la policía seis días después, tras dictarse una orden de captura por su supuesta responsabilidad en la violencia que se produjo en aquella marcha antigubernamental, que se saldó con destrozos en la sede de la Fiscalía, tres muertos y decenas de heridos.