La aseguradora de Renfe detecta «graves deficiencias» en la línea del Alvia

El informe pericial elaborado por Frans Heijnen y James Robert Catmur, designados por QBE, la aseguradora de responsabilidad civil de Renfe Operadora, detecta que la evaluación de riesgos realizada por Adif durante la construcción de la línea Orense-Santiago, en la que se produjo el accidente del Alvia en Angrois, "presenta graves deficiencias".

El documento de 83 folios determina que dicha evaluación de riesgos por parte del administrador de infraestructuras ferroviarias "no cumple" con la norma europea EN 50126 ni con el reglamento MCS -métodos comunes de seguridad-, que son los que actualmente definen los procedimientos de gestión de riesgos en España y cuya finalidad es identificar los peligros, analizar los riesgos y mitigar aquellos que no sean aceptables.

Además, estos peritos entienden que "tampoco se mantuvo el procedimiento de gestión de riesgos exigido por la normativa de aplicación tras la puesta en servicio de la línea", en la cual el descarrilamiento de un tren Alvia el 24 de julio de 2013 se saldó con 79 muertes -dos pendientes de reconocer- y más de un centenar de heridos.

Esta es la primera pericial de parte de la que trasciende su contenido, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, que instruye el caso desde junio en relevo de Luis Aláez, diese traslado a las partes de los informes correspondientes a los tres peritos nombrados judicialmente.

En ellos, el ingeniero de caminos, Juan Carlos Carballeira, advirtió "deficiencias" en la señalización en la curva de A Grandeira; el ingeniero de telecomunicaciones, César Mariñas, concluyó que con el sistema de control de velocidades ERTMS hasta la estación de la capital gallega el siniestro no se habría producido; y el ingeniero industrial, José Manuel Lamela, si bien avaló el material rodante, divisó defectos y actividades de mantenimiento no realizadas adecuadamente.

Junto a la aseguradora de Renfe, también designaron peritos el propio Adif -José Luis Pinal- y Manuel Prieto, el abogado que defiende al maquinista que aquel día conducía el tren -el experto Ángel Luis Sanz Cubero.

"Riesgo previsible"

Heijnen y Catmur llegan a la conclusión en su informe de que en el tramo en el que se produjo el accidente "existía un riesgo previsible y no tolerable de conformidad con la normativa aplicable y los estándares técnicos del sector que debía haber sido mitigado hasta niveles tolerables".

De hecho, durante el análisis de riesgos de A Grandeira, escudriñan tres casos: cuál hubiera sido el riesgo si el sistema ERTMS hubiera estado operativo, si tanto el ERTMS como el Asfa hubieran estado operativos y en las condiciones del accidente. Para este último supuesto, determina que "la posibilidad de que se produjese un accidente con la configuración de la línea en la curva donde se produjo el siniestro era alrededor de un descarrilamiento cada seis meses". "Representa, por tanto, un riesgo intolerable".

"Es más", añaden estos expertos, para llamar la atención sobre que "incluso en el caso de asumir como hipótesis un riesgo 100 veces menor, el riesgo sigue siendo muy superior al exigido por el reglamento MCS".