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eider burgos
Miércoles, 29 de julio 2015, 07:37
Julio de 2013. Una sucursal bancaria ocupada por activistas. Su consigna: que el derecho a una vivienda se imponga por encima de las cláusulas abusivas de las hipotecas. Aparecen los Mossos dEsquadra, prestos a disolver la concentración. Un agente tira del brazo de una de las manifestantes, y suena el clic de una cámara. La mujer mira al objetivo. Solo dos años después aquella antisistema se ha convertido en la alcaldesa de Barcelona. Ada Colau es solo una de tantos que hoy pueblan los consistorios más importantes del país y que en su día se las tuvieron tiesas con el sistema. Con los gobiernos, con las leyes Y con los cuerpos policiales. Quienes un día les disolvieron, hoy trabajan bajo sus órdenes. Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, La Coruña y Cádiz son algunas de las ciudades donde la izquierda antisistema se ha llevado la alcaldía. Lo que significa que más de 13.000 agentes están ya a su cargo.
La llegada de estos desobedientes al poder se antojó como una auténtica bomba de relojería. Los más agoreros vaticinaban que sus ideas revolucionarias chocarían con el mandamiento de ley y orden de las fuerzas de seguridad, pero por ahora se respira calma. Tanto los miembros de los cuerpos policiales como los concejales más radicales se encuentran en tiempo de espera y prefieren tirar de diplomacia y prudencia. Evitan tensar unas relaciones que se presentaron complicadas, y de las que, sin embargo, pueden extraer importantes beneficios laborales unos y políticos otros.
«Solo queremos mejoras»
En Navarra, donde la elección de María José Beaumont como consejera de Interior ha levantado ampollas, el Sindicato de la Policía Foral (SPF) opta por no mojarse del todo hasta que el director general y el jefe del cuerpo los mandos reales sean elegidos. «Lo único que queremos es que se mejoren nuestras condiciones . Con la crisis andábamos un poco paralizados, y si Beaumont cumple lo que ha prometido, estaremos encantados».
Propuesta por EH Bildu y portavoz durante dos décadas de Solidarios con Itoiz plataforma que trató de detener la construcción del embalse navarro con movilizaciones, en un proceso en el que varias personas fueron detenidas por sabotajes, la abogada tomó posesión del cargo rodeada de polémica. «Nos pilló por sorpresa, porque no sabíamos casi nada de ella», afirma el SPF. «Sin embargo, somos un sindicato profesional y, al margen de la tendencia de cada uno, somos apolíticos».
Ha sido el ministro del Interior el que, de hecho, ha generado más nerviosismo en las filas sindicales. Jorge Fernández Díaz advertía de que mientras Bildu esté al mando no se transferirán las competencias de Instituciones Penitenciarias ni aumentarán las de tráfico en Navarra. «Si el Ministerio cumple lo que ha dicho, sí que empezaremos a ver esta elección como algo malo», temen desde el sindicato foral.
Rebajar tensiones
La promesa de mejoras realizada por la consejera Beaumont persigue rebajar la tensión entre el equipo político, sindicatos policiales y ciudadanos. Por un lado, se trata de buscar la «complicidad absoluta» con las fuerzas del orden mediante la concesión de mejoras laborales. Por otra parte, lo previsible es que el nuevo gobierno de Uxue Barkos cuide la relación con sus votantes más politizados, atendiendo a sus reclamaciones en materia de vivienda o asuntos sociales. «Si todas las partes están contentas, son más sencillas de dirigir y se pueden evitar enfrentamientos o actuaciones violentas entre ambos lados», explican los expertos policiales consultados.
En Barcelona sucede algo similar con el equipo de Ada Colau, que acaba de estrenarse en el consistorio. «Convergencia se limitaba a informarnos de los cambios que iba a llevar a cabo y luego decía que había habido un diálogo. No sé si llegaremos a un acuerdo con el nuevo comisionado de Seguridad, pero al menos se han reunido con nosotros y nos han invitado a lanzar propuestas para un nuevo modelo de Guardia Urbana», cuenta la secretaria general de la Sección Sindical de CC OO, María Rosa Torres.
Mucho se ha hablado del nombramiento de este doctor en Derecho y con amplia trayectoria en seguridad: fue director de la Escuela de Policía de Cataluña y trabajó para el Ministerio del Interior. Contrario a las actuaciones policiales «contundentes o violentas», también es cercano al Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, encargado de, entre otras cosas, denunciar hipotéticas torturas policiales.
La decisión de colocar a Jaume Asens en la cúpula del consistorio tampoco ha pasado desapercibida. Este abogado próximo al colectivo okupa de Can Vies, trabajó en el caso 4-F, un incidente de supuesta corrupción policial que recientemente ha retratado el documental Ciutat Morta: la noche del 4 de febrero de 2006, un guardia entró en coma tras sufrir un ataque durante el desalojo de una fiesta ilegal en un teatro okupado. Una decena de jóvenes fueron arrestados y cuatro de ellos acabaron en prisión; tres denunciaron torturas. Patricia Heras fue detenida en el hospital, al que acudió tras caerse de una bicicleta. Según la versión del documental, fue confundida con uno de los agresores por su look antisistema y condenada a tres años de cárcel. A los seis meses de encarcelamiento, se suicidó durante un permiso penitenciario.
El policía de Podemos
A primera vista, las posturas irreconciliables de políticos antisistema y sindicatos policiales barceloneses derivaron en una satisfactoria reunión para ambas partes. Al valorar el primer encuentro entre los agentes y sus nuevos mandos, las centrales son optimistas. «Teníamos mucha incertidumbre porque no les conocíamos, pero hemos visto que son cargos muy válidos», reconoce Torres.
¿Y qué ha ocurrido con la intención del nuevo Ayuntamiento de disolver los antidisturbios de la Guardia Urbana, uno de los focos de tensión que se anunciaba en la campaña electoral? «Les explicamos que la policía de Barcelona no cuenta con antidisturbios, sino que son unidades de orden público que protegen a políticos o edificios. En la etapa más caliente de la crisis han tenido que defender al propio cuerpo y, por su apariencia, se pueden confundir con los antidistrbios. Les hemos pedido que tuviesen un poco de cuidado con sus declaraciones y ellos han escuchado», asegura la responsable policial de CC OO.
Ya en la capital de España, la llegada de Ahora Madrid al pleno municipal ha provocado todo un seísmo del que aún se sienten las réplicas. Uno de los epicentros se personifica en el nuevo concejal de Seguridad, el expolicía municipal Andrés Serrano. El agente deberá dirigir al mismo cuerpo al que perteneció durante 33 años, un cargo que ejercerá bajo la atenta mirada de la oposición y de sus compañeros.
Republicano convencido y afiliado a Podemos, vistió el uniforme del cuerpo local con ojo crítico. No son pocos los que aún recuerdan el incidente que protagonizó durante la manifestación Jaque al Rey, celebrada en Madrid en octubre de 2013 a favor de la abolición de la monarquía. Estaba de servicio cuando miembros de su unidad trataban de requisar una enseña republicana; Serrano reprendió a uno de ellos: «Tú no eres nadie para quitarle la bandera. Estás interviniendo mal y te voy a expedientar», le espetó a su compañero. Posteriormente, los policías que intervinieron en la marcha redactaron un informe contra esa actuación del ahora mando policial.
Cuestión de reciprocidad
«Serrano es un buen profesional. ¿Cómo desarrollará su trabajo ahora? No lo sé, pero es un buen profesional». Así de conciliadora se muestra la responsable de Seguridad Pública de CCOO, Manuela Oliva. «Poner a un policía al mando crea reciprocidad. Además, compartimos la idea de qué es lo que queremos para el cuerpo: una Policía local más cercana. Solo le pedimos que empiece a concretar sus proyectos».
Sobre el nuevo concejal de Seguridad madrileño, Javier Barbero, los sindicatos se muestran cautos, ya que aún no le conocen «demasiado». Él ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reducir progresivamente los efectivos destinados a los antidisturbios, y a su llegada mostró su interés por modelar un cuerpo de Policía más «preventivo, que cuide». En su vida anterior, el edil llegó a actuar como mediador durante los intentos de desalojo del centro social madrileño Patio Maravillas. «Sé que Barbero no viene del mundo de la seguridad hoy es psicólogo clínico, en el pasado fue jesuíta, pero confiamos en que juntos lo harán bien», espera la sindicalista.
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