Que sean otros los que tumben la investidura

Ciertamente, con un PP sin liderazgo político y desnortado ante su propia corrupción y con Podemos exhibiendo un liderazgo amenazante y cuestionando consensos transversales, un pacto rojo-naranja podría concitar menos animadversión que las demás alternativas. Ahora bien, solo podrá forjarse sobre el acuerdo en dos cuestiones nucleares: la unidad de España y la continuidad fiscal.

En el primer ámbito habrá sincronía en lo que se refiere a la respuesta consensuada frente al unilateralismo soberanista. Pero las discrepancias parecen notables en torno a las fórmulas para encarrilar el problema territorial. Quizá el punto medio se encuentre en la reforma de la financiación autonómica, la redefinición de competencias y la unidad de mercado.

El acuerdo tendrá también que garantizar que España prosigue el ajuste presupuestario. Vivir con déficits del 5% del PIB creciendo al 3% es una estrategia irresponsable para nuestras maltrechas finanzas públicas. Y limita enormemente el margen de maniobra si se sustancia un frenazo del crecimiento. El compromiso por el saneamiento fiscal implica que las medidas con impacto en ingresos y gastos han de ser fiscalmente neutrales. Es decir, tienen que compensarse, para que los mayores ingresos y los menores gastos de la recuperación se destinen a la reducción del déficit.

Satisfacer la restricción presupuestaria no equivale a anular el espacio de la política y las políticas. Permite reordenar el gasto público y la carga impositiva y discutir reformas de calado que necesita el país. Además, permite que se intente retrasar el objetivo de déficit, para no tener que acometer más recortes o subidas de impuestos. Ello chocará sin embargo con las reticencias de la UE, que exigirá la implementación previa de reformas ambiciosas además de un plan estricto de control fiscal.

Más allá de estas dos condiciones básicas, lo cierto es que la lectura del programa naranja para las generales y la reciente propuesta para la negociación del PSOE deja patente una distancia notable en otras materias, como educación, mercado laboral o «burbuja política». En estas áreas clave para Ciudadanos, ¿existirá suficiente disposición por parte del PSOE? En educación, el PSOE sabe que no basta con derogar la LOMCE sino que debe promover un acuerdo transversal que concite un apoyo consensuado y duradero, algo que se antoja improbable. La propuesta de los socialistas no incluye nada sobre universidades, lo que contrasta con el programa de Ciudadanos, inspirado a su vez en el Comité de Expertos de 2012, en el que participó su coordinador económico Luis Garicano.

En materia laboral la discrepancia es evidente, aunque varía por temáticas. La mayor se encuentra en la negociación colectiva y la menor en políticas activas y planes de empleo. Ambos documentos comparten que los beneficios en las cotizaciones deben revisarse, pero sus propuestas para los autónomos difieren sustancialmente. Además, el PSOE pretende una subida del Salario Mínimo Interprofesional, tan gradual como extraordinaria, que conllevaría efectos adversos sobre el empleo y la competitividad. Mientras, Ciudadanos armó su propuesta laboral sobre un contrato único y un plan de rentas para complementar salarios bajos. Con ellos busca resolver la dualidad entre trabajadores fijos y temporales y la precariedad, entendiendo que aquella es la causa de esta. El PSOE piensa distinto: ni la dualidad es capital y ni es la madre de la precariedad, y los planes de rentas deben sustentar a colectivos vulnerables más amplios. La resultante es un área de difícil entendimiento.

Por último, Ciudadanos recogía en su programa fusionar municipios, eliminar diputaciones y cerrar el Senado. El PSOE sabe que la contención del gasto estructural es clave para financiar servicios públicos y contentar a Bruselas. Pero no lo considera prioritario y cree que lesiona su base de poder, por lo que es incierto que acepte pinchar la burbuja política.

Más en general, los reclamos sociales pueden abordarse en ciertos casos mediante transferencias y planes de rentas lanzados en ayuda de una ciudadanía muy debilitada por la crisis. Pero sin rigor fiscal y reformas ambiciosas, y sin dar un repaso a la estructura institucional, será imposible sustentar la recuperación. Este equilibrio debería ser prioritario para todos los partidos, estén o no en la mesa.

En suma, el éxito de la investidura es improbable. Su fracaso resituaría al PP en el centro del debate y llevaría, eventualmente, a convocar nuevas elecciones. Pero parece percibirse que un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, centrado y sobre estos pilares, es la menos mala de las opciones.