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Mateo Balín
Viernes, 11 de noviembre 2016, 13:46
El magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza Martín será el próximo fiscal general del Estado. El Ministerio de Justicia ha llevado al Consejo de Ministro de hoy el nombramiento del integrante de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo desde 2002 para dirigir ... el Ministerio Público, defensor de la legalidad vigente. Nacido el 23 de octubre de 1951 en Madrid, Maza sustituye en el cargo a Consuelo Madrigal, que ejerció dicha responsabilidad desde diciembre de 2014 hasta el pasado viernes, al cesar con el Gobierno saliente.
El PSOE considera que el nombramiento de José Manuel Maza como fiscal general del Estado por parte del Consejo de Ministros es un mal comienzo de legislatura. Para el Partido Socialista, su trayectoria como magistrado no garantiza en absoluto el perfil independiente que requiere la figura de fiscal general.
Según el PSOE, la trayectoria conservadora de Maza puede dejar en una posición de subordinación al Ministerio Fiscal frente al Gobierno y no parece la persona indicada para trabajar en favor del consenso requerido en una legislatura sin mayorías absolutas. El Grupo Parlamentario Socialista exigirá, en su primera comparecencia, que explique los planes de la Fiscalía sobre todo en materia de corrupción y recuerda que el Congreso aprobó en septiembre la creación de una comisión de investigación sobre el uso del anterior Ministerio del Interior de efectivos y recursos de las fuerzas de seguridad en determinadas investigaciones en las que incluso se utilizaba a la Fiscalía.
El Partido Socialista permanecerá atento a la labor de Maza porque este país necesita un Ministerio Fiscal con medios para luchar contra la corrupción y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que puedan dedicarse a las investigaciones con independencia.
Maza Martín es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 1973 y catedrático de Historia Medieval. Fue abogado de Renfe y es fiscal en excedencia (número uno de su promoción) desde 1978. Asimismo, ostenta un diploma en Criminología por la misma universidad. Accedió al Supremo como magistrado de la Sala Segunda en 2002, nominado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con los votos de los vocales elegidos por el PP. Ocupó la plaza vacante dejada por el magistrado Adolfo Prego cuando se fue al CGPJ, también a propuesta del PP. Anteriormente, Maza había sido juez decano en Madrid y había ocupado la titularidad de juzgados de instrucción en Alcorcón, Valencia y Cangas del Morrazo (Pontevedra).
Su designación ahora como fiscal general ha causado bastante sorpresa, ya que el pasado lunes el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, dio por hecha la reelección de Madrigal. Subrayó en una conversación informal durante un acto institucional que había trabajado muy bien durante su corto mandato (Madrigal sustituyó a Eduardo Torres-Dulce tras su dimisión en 2014). Sin embargo, Catalá ha cambiado de opinión esta semana y ha propuesto este viernes el nombre de Maza, cuya designación tendrá que ratificar la Comisión de Justicia del Congreso.
Sentencias recientes
Maza fue portavoz de la extinta Unión Judicial Independiente (UJIE) hasta que recaló en el Supremo. En el mundo judicial está asociación minoritaria era considerada como más conservadora que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), donde acabaron muchos de sus miembros tras su disolución.
Entre sus resoluciones judiciales más conocidas desde que está en la Sala Segunda del Supremo destaca el voto particular discrepante en la sentencia absolutoria contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. También emitió un voto particular contra la inadmisión de la querella criminal contra el expresidente del CGPJ Carlos Dívar por sus gastos de representación.
Más reciente fue el primer ponente de la sentencia que aplicó la responsabilidad penal de las empresas, se posicionó en contra de la sentencia que avaló la doctrina Botín y, como ponente, rechazó la querella contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por la supuesta financiación irregular de su partido a través de Venezuela e Irán.
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