La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación a Homs por la consulta del 9-N

El Fiscal considera que los hechos cometidos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa (artículo. 404 del Código Penal) y de un delito de desobediencia grave cometido por autoridad pública (artículo 410.1.). El acusador público solicita que ambos delitos sean penados conjuntamente con la pena de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.

Si el Tribunal optara por penar los citados delitos por separado, el Fiscal solicita que se imponga por el delito de prevaricación la pena de inhabilitación especial por siete años y seis meses, y por el delito de desobediencia, una multa de cinco meses con una cuota diaria de 200 euros (30.000 euros) e inhabilitación especial por un año y un mes.

Homs ve al Estado en «un callejón sin salida»

Por su parte, Homs ha asegurado después de conocer el dictamen de la Fiscalía que ve al Estado "en un callejón sin salida y cada día con menos cultura democrática". "Ejemplo del Estado español puesto en un callejón sin salida y cada día con menos cultura democrática", ha afirmado en un mensaje en su perfil de Twitter en reacción a dicha petición, y ha añadido el hashtag 'hotornariafer' (lo volvería a hacer).

A Homs se le imputan delitos de prevaricación y desobediencia, al entender que actuó de forma "arbitraria" y contraria a derecho, al desobedecer la suspensión del Tribunal Constitucional.

«Potenció el proceso participativo»

En su escrito, el fiscal afirma que el acusado no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular, impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del CTTI (Centro Tecnológico) para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas (subcontratadas), y, en definitiva, potenció tras haber conocido la providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado proceso participativo.

Además, el fiscal explica en su escrito de conclusiones provisionales que el acusado "era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional.

El escrito recoge el dinero desembolsado por la Generalitat para la celebración de la consulta. Así, el 24 de octubre de 2014 el departamento de Homs recibió el encargo de difundir la publicidad institucional de la consulta, en total fueron 806.403 euros. También se adquirieron 7.000 ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación y otros centros públicos.

El 29 de octubre siguiente el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales solicitó los servicios del Centro de Telecomunicaciones (CTTI) para el apoyo al proceso. Se presupuestaron 1,2 millones de euros y la factura que se expidió el 3 de noiviembre fue de 698.685 euros. Así, en total se gastaron en el 9-N, 1.505.088 euros. Pero Homs no ha sido acusado de malversación de caudales públicos, delito que conlleva penas de prisión.