Fiscales españoles y alemanes se reunirán en La Haya para tratar la entrega de Puigdemont

La polémica decisión de la justicia alemana sobre la euroorden contra Puigdemont ha sido precisamente uno de los platos principales de la comparecencia de la comisaria de Justicia Vera Jouroba al término del Colegio de Comisarios semanal para explicar un proyecto de directiva sobre protección de los consumidores. Jouroba sabía que las preguntas irían por otros derroteros y su respuesta ha sido cerrar filas con el proceder del tribunal regional de Schleswig-Holstein.

«Tendría que mirar los detalles, pero creo que en este caso específico las autoridades alemanas han actuado de acuerdo con las reglas. Mis expertos no me han informado de ninguna mala aplicación», recalcó. Además, como ya hizo en septiembre, se mostró contraria a ampliar el listado de 32 delitos por los que la entrega de un imputado es casi automática. Entre ellos, están el de asesinato, pederastía o tráfico de drogas, no el de rebelión. Lo único potencialmente imputable en este caso es «corrupción», pero es muy difuso.

Desde la perspectiva de Bruselas, el 'affaire Puigdemont' tiene dos vertientes diferenciadas. La primera, política, donde la Comisión y todos los Estados miembros han cerrado filas con España exigiendo que los responsables del 'procés' cumplan la Constitución. La segunda, de carácter legal, que ha puesto en duda el propio funcionamiento de las euroórdenes después del varapalo sufrido por la justicia española, molesta y muy crítico con la actuación de sus colegas alemanas, a quienes acusan de haberse excedido en sus funciones al entrar a valorar el fondo del asunto descartando la extradición por el presunto delito de rebelión.

Aquí, Bruselas tiene una patata caliente entre las manos de enorme calado político, pero por lo visto hoy, parece no tener muchas ganas de meterse en líos. Primero, porque el procedimiento no está terminado y podría producirse una entrega por malversación. Y segundo, porque espera de que Alemania y España, dos pesados pesados del club y fieles aliados, aclaren la controversia y decidan qué estrategia seguir. Sobre todo el Gobierno de Mariano Rajoy, que en la próxima reunión de ministros de Justicia podría poner este asunto encima de la mesa, incluso planteando una queja formal por lo ocurrido.