La alcaldesa de Cabezón detecta anomalías en las cuentas de 2013 y 2014

Sin embargo, con la firme intención de «justificar» los requerimientos del Tribunal de Cuentas, Fernández volvió ayer a la carga e insistió en que la denuncia consta de «cinco mil folios de documentos oficiales, transparentes, concisos y contrastados». Con respecto al contenido de la misma, la alcaldesa afirmó que durante los años 2013 y 2014, «el Ayuntamiento tenía entre cuarenta y cincuenta cuentas bancarias en diferentes entidades» y que además, «se empleaban cheques de hasta 200.000 euros». Llama la atención, añadió, «que un cheque de estas cantidades haga un recorrido por cuatro entidades bancarias para volver al mismo sitio», lo que entiende como «una técnica de distracción para hacer imposible el seguimiento de las cuentas».

Analizando los datos bancarios, la regidora destacó sobre todo el ingreso de 258.999 euros realizados en el año 2013 en concepto de Fondo de Liquidez Autonómica, «cuando a Cabezón le corresponderían un total de 71.417 euros». Sin embargo, dijo, «en los ingresos de enero del año 2014, aparecen ambas cantidades bajo el mismo concepto». Todas estas irregularidades, dijo Fernández, «ponen de manifiesto que el presupuesto era ficticio y que no recogía la realidad contable del Ayuntamiento».

Además de la «ocultación de ingresos», en la denuncia se explica que antes de 2013, «el presupuesto municipal habitual era de seis millones de euros». Sin embargo, en los años 2013 y 2014, se reduce a cuatro millones, cuando la cuantía de ingresos era superior, ya que se subieron varios impuestos (agua, IBI, Impuesto de Vehículos) y se ingresó 1.200.000 euros con la adjudicación del servicio de agua, así como otras cantidades por la licencia de actividad a una gran superficie comercial». Por responsabilidad legal, política y ética «he presentado esta denuncia», insistió la regidora, «al considerar que no estoy ante una situación de meros defectos administrativos, sino ante la comisión de un delito». Como alcaldesa, «estoy obligada a denunciar esta situación ilícita», manifestó.

Convenio de basuras

Por su parte, la exalcaldesa prefirió ayer no hacer ninguna declaración y convocó una rueda de prensa que tendrá lugar hoy, viernes, en la sede del Partido Popular de Santander a las diez de la mañana. Sin embargo, el pasado mes de junio, en que la actual regidora hizo públicos los requerimientos del Tribunal de Cuentas para justificar ese millón de euros, Merino dijo que «en el año 2013, el Ayuntamiento aprobó en Pleno un convenio de basuras con el Gobierno de Cantabria por un importe de algo más de 1.600.000 euros». Sin embargo, la popular reconoció a su vez que «el malentendido con el Tribunal de Cuentas puede deberse a que el anterior interventor consideraba que el Ayuntamiento no disponía de esa cifra para un solo ejercicio, cuando la realidad es que se iría pagando a lo largo de los ocho años de duración del convenio».

Según el convenio, el contrato repercutiría en el Ayuntamiento con 200.000 euros anuales. Con respecto a los 90.000 euros restantes a los que aludía la alcaldesa, Merino relató entonces que «tienen que ver con procesos judiciales de ese año, por lo que no estaban presupuestados con carácter previo». Concretamente, dijo, «están relacionados con el contencioso que hubo con los cuatro trabajadores del Programa Escaramujo, que no era sostenible y quisimos reducir». El Ayuntamiento perdió entonces ese proceso judicial. Las indemnizaciones y gastos asociados «repercutieron en esa cifra», aseguró Merino hace seis meses.

La exalcaldesa dijo entonces estar «muy tranquila con este tema, ya que no hay nada, más allá de una discrepancia a la hora de valorar una partida presupuestaria».