El Ayuntamiento opta por modificar el Plan de 1997 para desarrollar los proyectos paralizados

Una de ellas, que ya ha puesto en marcha el propio Ayuntamiento, es la modificación puntual del PGOU del año 1997, que es el que está de nuevo en vigor. «Es una buena fórmula, legal, y está al alcance de todos, promotores públicos y privados, para poder sacar adelante sus proyectos», explicó ayer el concejal de Infraestructuras, César Díaz.

Ante la imposibilidad de sacar adelante unas Normas Urbanísticas Transitorias, que debía aprobar el Parlamento Regional y a las que el PSOE se opone, ésta es una fórmula que lograría desarrollar los planes previstos, solo que lleva un trámite aproximado de año y medio.

El primero de los proyectos que opta por esta fórmula es la construcción de setenta viviendas sociales en la finca de Tabacalera en la calle Alta, una extensión de 6.200 metros cuadrados en los que la sociedad cien por cien de capital municipal SVS (Sociedad de la Vivienda y Suelo) tenía ya muy avanzado el proyecto, hasta sorteados los pisos y contratadas las obras de derribo de las viejas naves que ocupan el solar y que hasta el año pasado eran ocupadas por material del Gobierno de Cantabria, propietario del resto de la finca (7.700 metros cuadrados), en la que se ubica el convento de la Santa Cruz.

Tramitación larga

La SVS ya ha presentado en el Ayuntamiento el proyecto de modificación puntual del Plan de 1997 para poder acometer las viviendas que como explicó ayer Díaz, «podría estar resuelto en año y medio, porque la tramitación es larga. La modificación debe ser aprobada en pleno municipal, sometida a exposición pública y volver a sesión plenaria para ser aprobada de nuevo. Y, finalmente, tiene que ser aprobada por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), del Gobierno Regional».

Díaz explicó que el Ayuntamiento «será diligente en la aprobación de esta modificación del Plan General de 1997», que ya contemplaba la construcción de viviendas en la finca y «preveía un edificio diferente pero con el mismo número de viviendas».

La modificación permitiría realizar el proyecto tal como estaba previsto en 2012. En el PGOU de 1997 la edificabilidad para usos residenciales es la misma, pero no sucede lo mismo con la prevista para el uso dotacional que es sustancialmente mayor en el plan anulado, pues el Estado, que cede la finca, recibe 34 plazas del aparcamiento subterráneo y las plantas baja y primera del edificio para sus usos administrativos.

Díaz explicó ayer que el Ayuntamiento «se ha visto obligado a recurrir a esta fórmula de modificación puntual del Plan de 1997, pero las cosas se podrían haber solucionado más fácilmente con la modificación de la Ley del Suelo para permitir el desarrollo de unas Normas Urbanísticas Transitorias».

Y apunta a que esas normas «también podrían haber dado solución al proyecto de sede judicial previsto por el Gobierno de Cantabria en la otra parte de la parcela, transferida por el Estado, así como la ampliación del convento de las Clarisas para destinarlo a equipamiento».

Estos proyectos tenían cabida en el PGOU de 2012, fruto de los acuerdos alcanzados en su diseño por el Ayuntamiento y el Ejecutivo a través de Crotu, pero su anulación «provoca que esa ampliación no se pueda realizar en los términos previstos por el Gobierno», indica el edil, que añade que además este proyecto no tiene solución con modificación puntual del Plan de 1997, que no contemplaba la ampliación prevista por el Gobierno regional.

Díaz no adelantó ayer si la modificación puntual del Plan General será utilizada por el Ayuntamiento para sacar adelante otros proyectos ahora paralizados, pero no lo descartó. «Estamos introduciendo soluciones, aunque seguimos apostando por la Normas Urbanísticas Transitorias, como la fórmula más acertada y rápida», añadió.

Colegio La Enseñanza

Hay otros grandes proyectos de iniciativa privada que van a optar por la modificación puntual del Plan de 1997, como es el desarrollo de la finca del colegio La Enseñanza, en la zona de detrás del Ayuntamiento. La promotora Soluciones Integrales de Cantabria planea trasladar este colegio a San Román y construir en la finca que quede libre 120 viviendas y 600 plazas de garaje subterráneo, de las que cien son para el Ayuntamiento.

Además, el edificio histórico del colegio pasa a propiedad municipal para ubicar en él un centro cultural. El proyecto viene del año 2007. La crisis aparcó la idea, se retomó en 2014 y, a punto de obtener licencia municipal, quedó paralizado por la anulación del PGOU. La finca tiene 6.000 metros y su desarrollo pasa también por el retranqueo del muro que rodea la propiedad en la Vía Cornelia para ampliar la calle y crear plazas de aparcamiento en superficie.

En otras fincas y proyectos afectados por la anulación del PGOU de 2012, los promotores deben optar por otras soluciones, las que marcaba el documento urbanístico de 1997. En el promontorio de San Martín, las constructoras que desean edificar en él deberán realizar un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) lo que dilatará en el tiempo el desarrollo de esta finca.