El nuevo copago de dependencia obligará a revisar unos 6.000 casos

En ese proceso de cambio está inmerso el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), como explica Miguel Ángel Cavia, subdirector de Dependencia: "Se han demorado un poco las medidas anunciadas por la prórroga de los Presupuestos, que nos ha impedido dar el paso antes". Pero anuncia que la aprobación de la orden que dará luz verde a los nuevos copagos, con la idea de volver a los porcentajes anteriores al decreto de 2012, se prevé "para finales de marzo o principios de abril".

Sin embargo, la adaptación no será automática salvo en el caso del servicio de teleasistencia, que volverá a ser gratuito para todos y no hará falta pedirlo, ni se aplicará por igual a todos los beneficiarios. Serán los propios dependientes (o sus familias) quienes deberán tramitar la solicitud de revisión para saber si cumplen con los requisitos que conllevarán una rebaja del precio.

Desde Servicios Sociales se preparan para el aluvión de peticiones. "Calculamos que tendremos que revisar unos 6.000 expedientes", sostiene Cavia. Un trabajo extra que llega en un momento en el que parte de la plantilla de la Administración está en pleno proceso de recolocación, a través de la Oferta Pública de Empleo, que "ha provocado que se nos acumule una lista de espera para la valoración de los grados de dependencia y la asignación de recursos que roza los seis meses", que es el límite que establece la normativa. "El problema es que tenemos una tasa tremenda de interinidad del personal, que en estos últimos meses ha estado volcado en los exámenes. En cuanto pasen las oposiciones y se reorganice la Administración, habrá un acelerón seguro".

A la espera de recurso

Según los datos del Icass, al cierre de año se contabilizaban 1.709 casos pendientes de esa tramitación, es decir, personas reconocidas como dependientes a la espera de conocer el recurso que le proporciona el sistema para mejorar su autonomía. Mientras, en la lista de espera para acceder al servicio o plaza concedida había 437 personas estas ya saben a qué recurso tienen derecho y sólo aguardan a poder hacer uso de él. "En esta fase del proceso sí estamos siendo más ágiles. En el momento en que una residencia nos comunica que ha quedado una plaza libre (el motivo suele ser por defunción), la cubrimos en dos o tres días. Lo que ocurre es que hay gente que está en lista de espera porque está interesado en entrar en un centro concreto, por lo general en Santander, donde la demanda es mayor, y renuncia a ir a cualquier otro, porque prefiere aguantar hasta que quede una vacante donde quiere".

Como explica el subdirector de Dependencia, restando los casos en espera (bien para acceder a recurso o para conocer cuál se le asigna) sigue habiendo una diferencia de más de 2.000 personas entre las cifras de dependientes (19.346, siendo el doble las mujeres que los hombres) y las de beneficiarios (15.033). Ese grupo, que a 31 de diciembre sumaba 2.135 personas, es el volumen de renuncias o desistimientos, que "pueden ser porque el solicitante fallece antes de obtener la prestación, porque el recurso que se le asigna no le parece adecuado o porque considera que el coste es elevado".

Precisamente, una de las cuestiones que se quiere conseguir con la nueva tabla de copagos es "recuperar a los dependientes que han renunciado a la ayuda a domicilio del Gobierno regional para hacer uso de la que ofrecen los ayuntamientos, que es más barata. El servicio más adecuado es el del sistema de dependencia, adaptado a las necesidades de cada persona, y que además funciona sábados y domingos".

El informe de situación al cierre del año cifraba el número de prestaciones en vigor en 16.595 el dato es superior al de beneficiarios porque algunos casos disfrutan de más de una. "La evolución de la dependencia está claro que no crece al ritmo que lo hacía al principio", admite Cavia. En 2016 en Cantabria fueron reconocidos 4.033 dependientes nuevos, una cifra casi similar a la de defunciones, lo que sitúa el crecimiento neto en un 0,9% (166 casos más). El perfil mayoritario es mujer, de 75 años y con un grado II (dependencia severa). Con respecto a diciembre de 2015, las estadísticas de la red de la atención a la dependencia regional suman 886 beneficiarios más, al tiempo que se han añadido 1.095 prestaciones.

Dode más incremento se ha registrado (14,6%) es en la teleasistencia, que tiene 895 usuarios. Hasta ahora el dispositivo que permite activar la demanda de cuidados sociales o sanitarios sólo pulsando un botón le costaba a la persona dependiente entre 10 y 20 euros al mes. "Es probable que cuando pase a ser gratuito sea más demandado", admite, de la misma forma que cuando se introdujo por primera vez el copago, en julio de 2013, se dieron de baja la mitad de los usuarios.

Nuevas tarifas

La nueva fórmula que aplicará el Gobierno cántabro para calcular la aportación del ciudadano afectará al servicio de ayuda a domicilio, que utilizan 922 dependientes; a los centros de día, a los que acuden 1.587 beneficiarios, y a las residencias, en las que viven 4.429 personas. La proporción de la rebaja la marcará la capacidad económica del usuario, aunque en términos generales se estima que "el impacto será de entre el 15% y el 28%" de descuento. No obstante, el subdirector de Dependencia aclara que aquellas personas que ya tienen copago cero (no pagan nada) seguirán igual. Tampoco se verán afectados por el cambio los que tienen reconocido el derecho antes de 2012, a los que se les mantuvieron las condiciones pese al real decreto "para garantizar la sostenibilidad del sistema", el del tijeretazo que endureció los criterios de acceso y limitó las ayudas, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. El tercer grupo de beneficiarios ajenos al nuevo copago es el integrado por los dependientes que tienen una capacidad económica alta, es decir, que pagan de su bolsillo el 90% del coste de la plaza que ocupan.

En lo que no habrá variación es en las cuantías de las prestaciones económicas que se perciben para el cuidado en el entorno familiar, que representan el 52% del total de los recursos concedidos. "El Gobierno va a hacer un esfuerzo importante para reducir los copagos y subir el precio público por plaza concertada, una demanda de las empresas del sector, pero por el momento no podemos afrontar un aumento de las ayudas económicas", explica Cavia, que reconoce el detrimento experimentado desde los primeros años de la ley, que ya ha cumplido una década. "Al principio había ayudas de hasta 400 euros y se pagaba la Seguridad Social al cuidador, mientras que ahora la media global está en 194 euros, prácticamente la mitad", explica. Por el cuidado de un dependiente de grado I (moderado) la cuantía media es de 103 euros al mes; para los de grado II, de 200; y para los de grado III (grandes dependientes), 260 euros.

La segunda parte del plan que diseña el equipo de Política Social, que dirige la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, para revitalizar el sistema e la dependencia en Cantabria se centra en una nueva orden de acreditación de los centros que trabajan en este sector, y que incluye una revisión de los precios públicos por plaza. "Al bajarse en 2012 los precios que la Administración pagaba a las residencias y centros de día concertados, se vieron obligados a reducir las ratios del personal y, en algunos casos, decreció la calidad. Pretendemos solucionar esto, con una orden que saldrá poco después que la del copago, que mejorará la situación".

Desde el relevo en el Gobierno, en julio de 2015, hasta diciembre de 2016 se concertaron 274 plazas nuevas, entre residencias y centros de día, tanto de dependencia como de discapacidad. Aún así, apunta Cavia, "seguimos teniendo necesidad de aumentarlas, sobre todo en el área de Santander". No en vano, el nivel de ocupación en las residencias de mayores supera el 95% (en los centros de atención a la discapacidad llega al 98%), mientras que "los centros de día, en cambio, se mantienen como el recurso menos valorado, ocupado al 69%. La gente elige entre tener a su familiar en casa o en una residencia".