Cantabria no tendrá que devolver los 63 millones de la herencia de Botín

El Gobierno regional respiró ayer tranquilo después de conocer que el Tribunal Supremo ha confirmado que corresponde a la comunidad autónoma de Cantabria y no a la de Madrid la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por las herencias de Emilio Botín Sanz de Sautuola y su esposa Ana María García de los Ríos y Caller. Esta decisión judicial, ya firme, supone que la Administración regional no tendrá que devolver los 63 millones de euros (10.500 millones de pesetas) que ingresó, y ya gastó, procedentes de este impuesto.

El Tribunal Supremo confirma así la sentencia dictada en el año 2000 por la Audiencia Nacional, que recogió las tesis del Gobierno de Cantabria en detrimento de la Administración madrileña. El tribunal rechaza así el recurso interpuesto por el Ejecutivo madrileño que pretendía hacer valen la resolución de la Dirección General de Cooperación de las Haciendas Territoriales que les daba la razón, porque era en esta comunidad donde el padre del actual presidente del banco Santander tenía su residencia fiscal.

Emilio Botín Sanz de Sautuola, presidente del Banco de Santander entre 1930 y 1986, falleció en Santander el 22 de septiembre de 1993 y su esposa murió en la misma ciudad el 5 de enero de 1994. Sus herederos ingresaron en la Hacienda cántabra 6.000 millones de pesetas como pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cantidad que, tras sucesivas liquidaciones, se elevó a 10.500 millones, cuantía que fue cobrada e invertida por la Administración Regional.

El Ejecutivo madrileño reclamó ese dinero argumentando que la última declaración de la renta fue presentada por el fallecido en esa comunidad. La Dirección General de Cooperación de las Haciendas Territoriales falló a favor de la comunidad madrileña al entender que donde la persona presenta su última declaración fiscal es donde tiene el domicilio habitual, y el Gobierno de Cantabria recurrió al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que en 1998 dio la razón a Cantabria.

Recurso

Madrid no se amilanó y apeló entonces a la Audiencia Nacional, que en noviembre del año 2000 desestimó el recurso al entender que la residencia habitual de Emilio Botín y su esposa fue, al menos en los tres años anteriores a su muerte, Cantabria y no Madrid.

La Administración madrileña siguió litigando y acudió al Supremo, tribunal que de nuevo ha fallado a favor de las pretensiones de la comunidad cántabra, condenando a la Comunidad de Madrid al pago de las costas judiciales, tal y como pretendía también Emilio Botín Sanz de Sautuola y O'Shea, hijo del presidente del banco y heredero como nieto de la fortuna de sus abuelos Emilio Botín y Ana María García de los Ríos.

Tan y como hiciera la Audiencia Nacional, el Supremo entiende que la residencia habitual de Emilio Botín y su esposa, «al menos durante los tres años anteriores a la fecha de su fallecimiento, se hallaba en Cantabria y no en la Comunidad de Madrid».

Todo ello «con independencia de que formalmente continuaran empadronados en la Comunidad de Madrid, ya que, en definitiva, tal residencia o domicilio habitual es independiente de la inscripción en el padrón municipal» cuando existe «una clara divergencia entre el domicilio efectivo y el declarado formalmente». El Supremo advierte de que el impuesto de sucesiones se rige únicamente «por la residencia habitual del causante» y que las tasas citadas por la comunidad madrileña no tienen conexión con las que se aplican a las herencias.