Confederación intenta cerrar Sniace al revocar su autorización de vertidos

La Confederación Hidrográfica del Norte de España (CHN) ha convocado, para el día 26 de abril, en Oviedo, una reunión de su Junta de Gobierno con un único punto en el orden del día: la revocación de la autorización de vertido V-39-00014-1, concedida a la empresa Sniace para verter en el río elementos contaminantes, procedentes de su proceso de producción, por lo que paga, anualmente, un canon de 550 millones de las antiguas pesetas. En esta reunión estarán presentes representantes, además de las administraciones de Galicia, Asturias y del País Vasco, de Cantabria, a través de personas adscritas al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Santander.

Esta Junta de Gobierno aprobará, con toda probabilidad, la propuesta que se hace desde la CHN, para revocar la autorización de vertido -que en teoría significaría el cese de facto de la actividad en Sniace- pero que como no tiene poder resolutivo, debe remitir, para su ratificación, al Consejo del Agua, órgano superior, inscrito en el Ministerio de Medio Ambiente, para su evaluación. El Consejo deberá, con sus propios técnicos, redactar un informe que verifique, o contradiga, lo denunciado por la Confederación Hidrográfica del Norte, y tanto si es a favor o en contra, devolverselo a este organismo de control de las cuencas fluviales. Si el Consejo del Agua, órgano que se reúne cada tres o cuatro años, da el visto bueno, como también parece previsible, según los expertos, a la revocación de la autorización de vertido para Sniace, devolverá el expediente a la Junta de Gobierno de la CHN quien, a su vez, deberá enviárselo, esta vez, al Consejo de Ministros, que es el único que tiene competencia para tomar la decisión final.

Medios de defensa

Pero la empresa tiene sus medios de defensa y así puede presentar -y ya lo ha hecho- recursos contenciosos administrativos a todas y cada una de las decisiones que vayan tomando tanto la Confederación, como el Ministerio de Medio Ambiente, a través del Consejo del Agua, e incluso, en última instancia, el propio Consejo de Ministros. Además, según ha adelantado el gabinete jurídico de la empresa, por la enjundia del caso, la apelación puede llegar hasta el Tribuna Supremo. De cualquier forma este proceso jurídico-administrativo puede extenderse entre tres o cuatro años, antes de que el Consejo de Ministros tome una decisión definitiva a favor o en contra.

Paralelamente a esta cascada de recursos, que ya se iniciaron en septiembre de 2005 -cuando Sniace fue sabedora por una información previa de la CHN de su intención de anular el permiso de vertido- la empresa ha procedido a iniciar el expediente para solicitar una nueva autorización, considerando que en este periodo, de tres o cuatro años de recursos en los tribunales, se hayan sometido los sistemas de descontaminación atmosférica y del agua ya iniciados, e incluso, esté terminada la construcción de la fábrica de bioetanol e iniciada la de la planta de ciclo combinado.

¿Industria o urbanismo?

Este hecho, el inicio del proceso, coincide con la presentación, por los actuales propietarios principales de Sniace, la familia Gómez Sáiz, a través de su empresa Hidafa, de un proyecto urbanístico, residencial y de ocio para los terrenos no industriales de la empresa y que dejaría las naves industriales, y de producción, en una 'isla' rodeada de viviendas, dotaciones deportivas, centros de servicios, etcétera. Si Sniace, eventualmente, dejara de producir (actualmente tiene en plantilla formada por 470 trabajadores) los terrenos industriales llevarían idéntico camino de recalificación y cambio de uso.

De este hecho, de las intenciones de la Confederación, eran conocedores, no sólo la empresa, sino también, los Gobiernos municipal y regional, los sindicatos pertenecientes al Comité de Empresa de Sniace, así como algún partido político municipal, como el PP, según ha podido confirmar EL DIARIO MONTAÑES, si bien, casi todos, han actuado con suficiente cautela y discreción como para que la noticia no trascendiese más lejos de los despachos. La gravedad de la decisión que adoptará la Confederación Hidrográfica del Norte la semana próxima, es de tal calibre que podría, con el tiempo, llegar a provocar el cese de la producción en las fábricas de Torrelavega ya que, excepto Lignotech Ibérica, todas implican trabajar con materias primas, como la madera y sus tratamientos químicos, que contienen residuos nocivos que terminan en el río.