El Gobierno regional tratará de identificar una 'bolsa de dependencia' invisible al sistema de protección público

La consejera de Sanidad, Charo Quintana, quien analizó esta mañana el proyecto de Ley de Dependencia acompañada por la vicepresidenta, Lola Gorostiaga, explicó que su departamento ha identificado ya a unas 7.000 personas con una minusvalía superior al 75%.

Sin embargo, su departamento sospecha que existe una bolsa de dependencia, que quiere identificar, compuesta por ciudadanos que no han pedido el reconocimiento de su minusvalía y que no saben que a partir del 1 de enero del 2007 verán reconocido un derecho a la protección social, con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia.

La consejera explicó que la prioridad de su departamento es ahora conocer la situación real de las personas con dependencia, antes de poner el marcha el Servicio de Atención a la Dependencia de Cantabria , por lo que de momento no se ha cuantificado el coste de este servicio para su primer año de aplicación, el 2007.

Antes del verano, dispondrá de los resultados de un Plan Piloto de Atención a la Dependencia que se puso en marcha en el 2005 para valorar a las 6.500 personas incluidas en la cartera de servicios de dependencia de Atención Primaria.

Este trabajo está siendo realizado por profesionales médicos y de enfermería, psicoterapéutas y trabajadores sociales, que están visitando en sus hogares a todas estas personas, para conocer su grado de dependencia, sus necesidades individuales, la situación de sus cuidadores, mayoritariamente mujeres, y las condiciones sociales y económicas de la familia.

75 MILLONES DE EUROSLa Consejería de Sanidad dispone este año de 75 millones de euros para atender a las personas con dependencia y prepararse para desarrollar la nueva ley, de los cuales poco más de tres serán aportados por el Estado.

Quintana se mostró "muy satisfecha" por la aprobación de la ley por el Consejo de Ministros y por la participación activa de la comunidad autónoma en su elaboración y mejora.

Según la consejera, Cantabria impulsó la inclusión en la ley del reconocimiento de la protección social a los niños de 0 a 3 años con graves alteraciones en su desarrollo.

De hecho, antes del 2005, estos niños eran atendidos por el sistema público en Cantabria cuando existían posibilidades en los servicios de prestación y en función de sus recursos económicos.

A partir del año pasado, su atención se considera de obligado cumplimiento y se presta a través de los servicios de atención temprana de Santander, Laredo y Torrelavega.

La consejera analizó las consecuencias de la aprobación de esta ley acompañada por la vicepresidenta de Cantabria , quien opinó que esta norma supone "un paso de gigante" en la consolidación de los derechos sociales y situará a España entre los países más avanzados en Bienestar Social.

Gorostiaga criticó el "retroceso" en materia de política social que supuso la etapa del Gobierno del PP y subrayó que es de nuevo un gobierno socialista el que reconoce los derechos de las personas, tras la universalización de la sanidad y la educación.

Según la vicepresidenta, el Gobierno pretende que esta ley sea "un proyecto de país", que cohesione a la sociedad, y una apuesta por la igualdad, dado que la mayoría de los ciudadanos es mujer.

También destacó "el empeño" del Gobierno por contar con los agentes económicos y sociales en la tramitación de esta ley.