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N. F.
Domingo, 30 de abril 2006, 02:00
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha declarado nulo el nombramiento de Gregorio Alcedo como interventor municipal en el Ayuntamiento de Castro Urdiales. La decisión ratifica la sentencia dictada hace un año por la Sala de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander, que fue recurrida por el Consistorio.
El funcionario desempeñó las labores de intervención durante casi un año -entre junio de 2004 y mayo de 2005- en sustitución del titular, de baja por enfermedad. Su nombramiento fue decidido por la Junta de Gobierno local y refrendada poco después por el pleno municipal, con los votos en contra del grupo socialista, entonces liderado por Rufino Díaz. La formación de izquierdas decidió acudir a los tribunales, «ya que la persona elegida no cumplía las condiciones para realizar esa labor».
«En una ciudad con esta población, el interventor debe ser un habilitado nacional y debe contar con el visto bueno regional. Ninguno de los dos requisitos se cumplen», denunciaron entonces. Pese a todo, Alcedo accedió al cargo y estampó su firma en numerosos documentos, incluidos los presupuestos generales de 2004 y varias ordenanzas municipales. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia pone ahora en entredicho todos esos actos, que podrían ser recurridos y dejados sin efecto.
Díaz Helguera recalcó que se debe tener en cuenta que «este Consistorio va tirando con las cuentas de 2004 prorrogadas y no hay que olvidar que ese documento fue firmado por aquel interventor».
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