Arca pide que se reabra el proceso penal contra los responsables del relleno de las marismas de Cortiguera

El presidente de la asociación ecologista, Gonzalo Canales, y el vicepresidenta, José Angel Herrera, anunciaron hoy en rueda de prensa que esta misma mañana han pedido una reunión con la fiscal Jefe, Pilar Martín Nájera, para pedirle que reabra el proceso penal contra los responsables del relleno ilegal del 87.0000 metros cuadrados de marisma.

ARCA acusa de delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio al actual director general de Puertos, José María Díaz Ortiz, en su opinión el "máximo impulsor de la chapuza" como director general técnico de la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) cuando se proyectó la depuradora, que forma parte del saneamiento de la cuenca del Saja Besaya.

También pretende que se abran diligencias contra Ramón Maqueda, presidente de la CHN en esa época, y contra el jefe de servicio de la Consejería de Medio Ambiente Emilio Flor, si bien no descarta que se amplíen las responsabilidades.

Según Herrera, estos funcionarios aportaron informes que negaban el "evidente" carácter de marisma de la zona donde se realizó el relleno.

El vicepresidente de ARCA aseguró que la asociación ecologista "se ve impulsada éticamente" a recurrir a la vía penal, porque es una exigencia social y porque una "catástrofe" de estas dimensiones no puede quedar impune desde el punto de vista política.

ARCA ya presentó en agosto del 2000 una denuncia por delito ecológico por el relleno de las marismas de Cortiguera, pero fue archivada a petición de la Fiscalía tras un acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó la ocupación de esos terrenos del dominio público.

La asociación ecologista considera que ahora que se ha demostrado que la ocupación de ese terreno es ilegal vuelve a haber motivo para que la Fiscalía abra diligencias, como ya hizo en el 2001, aunque luego dio marcha atrás por el acuerdo del Consejo de Ministros.

Herrera confió en que la Fiscalía, "de una vez por todas, se tome en serio estas cuestiones".

ARCA criticó que no se hayan depurado ya responsabilidades políticas, pero también alabó la manera en la que el Ministerio de Medio Ambiente está cumpliendo la sentencia de demolición, en función del acuerdo que su titular, Cristina Narbona, alcanzó con la asociación ecologista.

Según el presidente de ARCA, el acuerdo, que consiste en demoler la depuradora por fases, mientras se construye una nueva, se está cumpliendo de forma "absolutamente correcta" y "escrupulosa".

La Abogacía del Estado ya se ha dirigido al Tribunal Supremo asumiendo la sentencia, pero justificando la necesidad de aplazar su ejecución.

Canales aseguró que la sentencia que ordena la demolición de la depuradora está siendo muy favorable para mejorar el modelo de saneamiento del Saja Besaya y de todos los planes de saneamiento de Cantabria.

Bajo su punto de vista, las exigencias medioambientales impuestas a la empresa Sniace para que "de una vez por todas" se someta a la normativa sobre vertidos también son una consecuencia positiva de la sentencia, porque ya no se va a permitir "el engaño" y la química de Torrelavega no va a poder "hacer trampas".

Canales explicó que Sniace pretendía verter al mar sin depurar a través del emisario submarino previsto en el saneamiento de la cuenca del Saja-Besaya, una infraestructura que a raíz de la sentencia no se va a construir, porque no es necesaria si se depura bien.