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JUAN QUINTANA
Domingo, 6 de agosto 2006, 02:57
Entramos en el mes de agosto y la administración pública y la clase política se ponen al ralentí. En el sector agrario también se aparcan buena parte de los problemas, con un tácito acuerdo entre los diferentes agentes productores, transformadores, sindicales y políticos.
El sector lácteo arrastra un vacío administrativo desde el comienzo de la campaña, que lleva abierta más de cuatro meses, una tercera parte de su duración. En este tiempo, el necesario y controvertido Plan Lácteo para este periodo solo ha superado una fase de negociación, con preacuerdos entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las diferentes Comunidades Autónomas.
Aun así las Comunidades de la cornisa cantábrica todavía mantienen fuertes discrepancias. Buena parte de los políticos nacionales van a disfrutar de sus devengadas vacaciones, pero antes han hecho llegar a los responsables autonómicos el borrador del Real Decreto para que hagan sus aportaciones.
El objetivo es aprobarlo en septiembre; casi medio año después del inicio del año lácteo. ¿Quién explica al sector por qué a mitad de año todavía no existe un marco de referencia básico que les permita tomar decisiones con fundamento?
Si no cambian las cosas, el 20 por ciento de cuota será gestionada por el MAPA, quien la distribuirá a través del Banco Coordinado. Cada gobierno autonómico tiene que fijar los criterios de distribución del 80 por ciento restante, con el objetivo común de evitar la pérdida generalizada de cuota que ya se produjo el pasado año. Solo Galicia se salvó, con holgura.
Ahora ya no tienen un traje a medida y esperan, al menos, obtener los retales accediendo a gran parte del 20 por ciento mencionado.
También se ha anunciado que el precio de compra de cuota abandonada oscilará entre 25 y 30 céntimos por litro de leche líquida. Con un poco de suerte, después de las vacaciones conoceremos de forma definitiva un Plan, que dispondrá de poco tiempo para ser aplicado.
De igual manera los grandes negociadores de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tampoco han cumplido con sus deberes.
Era de prever que, a pesar de las buenas intenciones de los máximos responsables de la OMC, de Estados Unidos, de la Unión Europea y del G-20, en julio se iba a fracasar en la adopción de acuerdos que pudieran liberalizar el mercado mundial, en particular el agrario. Así ha sucedido una vez más. Ahora, estos grandes estrategas se encuentran en plena pelea de patio de colegio, escupiéndose acusaciones mutuas de insolidaridad e inflexibilidad. La falta de acuerdos globales va en contra de un mejor funcionamiento de los mercados internacionales que, a la larga, beneficiarían a la economía y a la sociedad en la que vivimos.
No obstante, se pueden sacar dos conclusiones positivas. Por un lado, el sector agrario europeo puede tomarse un respiro, al ralentizarse la tendencia liberalizadora en la que se encontraba. En segundo lugar, la Comisaria de Agricultura, Marianne Fischer ha mostrado una imagen sólida en la defensa del agro europeo; algo que, hasta la fecha, no se había producido.
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